El criterio de oportunidad: herramienta política en el nuevo sistema de justicia penal

Hace ya poco más de cinco años de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal mexicano. Sin embargo, la reforma ha dejado mucho qué desear. A pesar de que se promulgó en 2008 y tuvo una vacatio legis de ocho años para su debida implementación en todos los estados de la República, para muchos ha representado un verdadero fracaso. Los principales críticos consideran que sigue existiendo una deficiente capacitación de los operadores jurídicos del sistema: las policías de investigación, los peritos, los agentes del Ministerio Público, los jueces, los magistrados e, inclusive, los propios abogados postulantes. También se ha comprobado que siguen permeando algunos vicios o malas prácticas del sistema anterior: la corrupción, la impunidad y la falta de confianza de la población hacia las instituciones de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia.

La realidad es que la antigua Procuraduría General de la República (PGR) sigue más viva que nunca, con un funcionamiento opaco y burocrático. Desde que se tiene registro, los delitos que no son denunciados a las autoridades superan 90%, mientras que de los delitos denunciados sólo 7% recibe alguna respuesta en forma de reparación a la víctima o de sentencia.