UN NUEVO MODELO CULTURAL LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y LA CORTE Segunda y última parte
La determinación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de controvertir el Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán, aprobado en 2000 por la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y los actos de autoridad que derivaron en la expedición de licencias de construcción en favor de la sociedad Be Grand para edificar un complejo inmobiliario en la zona de Copilco El Bajo, excedía una simple disputa por el uso del suelo; su propósito era la defensa de los valores culturales mexicanos, que encuentran refugio en las medidas de protección que se desprenden de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado mexicano.
En estos eventos, la participación de la comunidad universitaria fue determinante: generó un legítimo sentimiento de ultraje a su identidad cultural y reivindicó el derecho a la cultura, en tanto derecho humano, como necesidad social. La difusión de la cultura por mandato constitucional es precisamente la que, entre otras funciones, da sentido al proyecto universitario.
Ante la acción incoada por la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la tesis que resolvió el Amparo en revisión 581/2020 (la tesis), elaboró todo un modelo cultural
