Con tecnicismos jurídicos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) halló una salida para avalar la presencia del Ejército en las calles y evadió pronunciarse sobre la legalidad y apego a los derechos humanos de esta estrategia del gobierno federal para combatir la inseguridad en el país.
Después de dos años, la SCJN analizó esta semana una de las impugnaciones presentadas contra la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue la primera vez que el máximo tribunal analizó un asunto relacionado con este tema, luego de un año de especulaciones sobre la posible intención del ministro presidente, Arturo Zaldívar, de impedir que estos casos sean resueltos, por lo menos durante la actual administración.
Se trató de la controversia constitucional presentada por la expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, contra el acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, publicado el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
El acuerdo fue avalado por mayoría
