DERECHOS HUMANOS
Originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, desde que tenía diez años Cristina Pérez Rodríguez creció en una ciudad en la que los abusos de parte de miembros de las Fuerzas Armadas formaban parte de la vida cotidiana.
Con 27 años, Cristina sufre en carne propia los efectos de la militarización de la política de seguridad pública a la que se ha recurrido desde 2007, con el gobierno de Felipe Calderón: la noche del 31 de agosto de 2022 soldados dispararon sin motivo contra el vehículo en el que viajaba Heidi Mariana Pérez Rodríguez, de cuatro años. Una bala militar destrozó la cabeza de la niña, hija de Cristina.
Pese a que días después de la muerte de Heidi el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en una de sus conferencias matutinas a esclarecer el caso, la impunidad campea a más de dos años de los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han decidido avalar la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que atribuye la muerte de la niña a disparos de personas armadas que agredieron a las tropas, situación desmentida por videos de cámara de seguridad que revelan que no hubo enfrentamientos esa noche y que en el área sólo hubo patrullajes del Ejército.
“Hemos encontrado muchas evidencias contra militares, pero no se les ha dado seguimiento porque López Obrador siempre ha estado de lado del Ejército y no de.
