La huelga de Nueva Rosita
Por Mario Gill y Ricardo Peláez
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La huelga de Nueva Rosita - Mario Gill
Mexico
MÉXICO 1959.
ANTECEDENTES
A fines de 1947 los sindicatos de trabajadores ferrocarrileros, petroleros y mineros firmaron un pacto de solidaridad.
El acuerdo fue suscrito en un acto solemne, en el Teatro Iris de la Ciudad de México, ante el secretario del Trabajo, licenciado Andrés Serra Rojas.
La coalición de los grandes sindicatos de industria era el primer paso hacia la unificación de todo el proletariado nacional y, por el momento, ofrecería un punto de apoyo al pueblo mexicano para luchar contra el imperialismo, contra la carestía de la vida en ascenso constante y contra las tendencias regresivas del gobierno de Miguel Alemán.
El pacto hizo temblar a las fuerzas reaccionarias y a la camarilla en el poder. La alianza de los trabajadores industriales podía derrotar la política de claudicaciones iniciada por el gobierno alemanista. Alemán decidió someter al movimiento obrero a como diera lugar
, usando para ello todos los recursos del Estado y todos los métodos, desde las simples argucias de abogado tramposo, hasta el empleo anticonstitucional de la fuerza pública.
El primer paso en tal sentido consistió en deformar arbitrariamente la legislación obrera otorgando a la Secretaría del Trabajo la facultad ilegal de reconocer (o vetar) a los comités ejecutivos de las organizaciones de trabajadores. Hasta entonces los sindicatos, al designar a sus nuevos dirigentes, sólo tenían que cubrir el requisito burocrático de informar a la Secretaría del Trabajo sobre la designación de sus nuevos funcionarios. La dependencia oficial se concretaba a registrar los nombres y a contestar de enterado. Con la deformación implantada por Alemán, violatoria de la Ley Federal del Trabajo y del régimen interno de las organizaciones obreras, los cuerpos directivos de éstas quedaban, de hecho, sujetas al gobierno.
La traicionera disposición implicaba, en el fondo, la pérdida de la autonomía de la organización sindical. Los dirigentes inconformes fueron neutralizados con subsidios o curules, con amenazas, cárcel o muerte. La clase trabajadora, suprimido el régimen democrático interno de los sindicatos y ante el peligro de la cláusula de exclusión, fue incapaz de evitar el atraco que se cometía a sus derechos y libertades.
El licenciado Serra Rojas, funcionario honorable, renunció al cargo de secretario del Trabajo para no asumir la responsabilidad histórica del crimen que se fraguaba contra la clase obrera. En su lugar, fue designado el hombre que las circunstancias requerían: el licenciado Manuel Ramírez Vázquez, ex coyote
de los tribunales del trabajo, experto en chanchullos y triquiñuelas.
El plan de sometimiento del proletariado mexicano se inició con el asalto al local del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, líder de la coalición de sindicatos industriales. Con el apoyo anticonstitucional de la fuerza pública fue tomado el edificio e impuesto un comité ejecutivo encabezado por el señor Jesús Díaz de León, alias el Charro, instrumento incondicional de la camarilla alemanista. (Desde entonces el pueblo dio el nombre de charrismo a la política gubernamental consistente en la interferencia arbitraria del gobierno en el régimen interno de las organizaciones).
El siguiente paso en el proceso de gubernamentalización de los sindicatos obreros consistió en encarcelar a Valentín S. Campa, bajo el cargo de que había dispuesto del dinero del STFRM para organizar una nueva central obrera, la Confederación Única de Trabajadores (CUT). Campa, el líder incorruptible de la clase obrera mexicana, había denunciado poco antes la gigantesca especulación realizada por algunos alemanistas con motivo de la desvalorización del peso;