Por una vía "chilena" a la plurinacionalidad: Intervenciones de una década (2010-2020)

Prólogo

Sonia Montecino

Premio Nacional de Historia y Ciencias Sociales 2013

Por una vía chilena a la plurinacionalidad. Intervenciones de una década (2010-2020), de Salvador Millaleo, resulta un libro ineludible para comprender, por un lado, las interdicciones que los movimientos indígenas contemporáneos —especialmente mapuche— plantean al Estado y a la sociedad chilena, y, por el otro, para conocer una reflexión y propuesta política que persigue superar el estado actual de los vínculos entre el universo indígena y la nación chilena. Se trata de un texto estructurado en base a un conjunto de escritos, artículos, ensayos breves y columnas de opinión que, de manera hojaldrada, va construyendo un modo de asir, denunciar e interpretar las formas actuales en que las relaciones interétnicas son tensionadas por las diversas políticas llevadas a cabo durante una década en Chile.

El libro de Salvador Millaleo opera, desde mi óptica, en un triple movimiento de pliegues, permitiendo al lector varias posibilidades de lectura. En primer lugar, como registro y memoria de una serie de sucesos que se han ido repitiendo a lo largo de una década y que dan cuenta de la reiteración de los gestos del Estado frente a las demandas indígenas, en lo que el autor denomina el escenario del mal llamado conflicto mapuche, develando cómo se ha construido su narrativa, su atmósfera de violencia y los actores que asumen una voz en el mismo: el gobierno y la Fiscalía; los intereses económicos y los medios de comunicación en una triangulación que desvía por completo el sustrato del reconocimiento hacia la configuración de un vínculo de represalia y punición. La lectura de cada uno de los artículos en los contextos epocales en que se escribieron hace posible trazar una huella de ese triángulo en el que el actor mapuche, pese a esa configuración —exclusión del sujeto y su reemplazo por el mapuche pobre, el mapuche violento—, hace refulgir su agencia a través de huelgas de hambre (la machi Linconao), impugnaciones legales, uso del derecho internacional, horizontes políticos, entre otras acciones.

El otro pliegue que nos ofrece este libro es el de un fino trabajo conceptual y teórico de desnudamiento de las estructuras que operan en los nexos actuales entre los mapuche y los gobiernos de una década. Uno de los nudos del texto es contribuir a derribar el imaginario del mapuche terrorista y a mostrar cómo ese signo es transversal a la derecha y a la izquierda, funcionando como un dispositivo de poder para creer, ilusoriamente, que con la aplicación de la Ley Antiterrorista el conflicto terminaría. El autor descorre los tupidos velos de la responsabilidad común de ambas posiciones ideológicas, cuya incapacidad de escuchar la historicidad de las demandas, de entender el lenguaje de las acciones indígenas y la justicia de sus peticiones pone en la escena la imposibilidad de negociar con los intereses de las industrias forestales, hidroeléctricas y, en definitiva, con un estilo de desarrollo que arrasa con las maneras de habitar el mundo indígena. Pero revela también dos lógicas: la de los que entienden que sus protestas son políticas (los mapuche) y la de los que consideran que son delitos comunes (los gobiernos). De este modo, el dispositivo del mapuche terrorista viene a ser el espejo en el que derecha e izquierda se miran. Dice Millaleo:

La responsabilidad de la oposición en este trance es inescapable. Los graves errores del pasado, cuando la centroizquierda aceptó la aplicación de una Ley Antiterrorista, incluso a adolescentes, no pueden confundir a la oposición sobre cuál es el camino correcto. Como Saulo de Tarso, la oposición debe defender lo que antes algunos de sus miembros persiguieron y cuando otros se omitieron, al ver en la versión radicalizada de Piñera la profundización exasperante de los propios vicios.

Por último, el tercer pliegue del libro en comento es el de una propuesta política que pasa por hacer carne el Convenio Nº 169 de la OIT en aquellos aspectos de la vida territorial que afectan a todos los pueblos originarios que moran en el país: escaños indígenas en el Parlamento y la consideración de un país plurinacional en la nueva Constitución de la República. Varios de estos planteamientos aparecen en artículos en coautoría (por ejemplo, con Ariel León Bacián, Verónica Figueroa, Diego Ancalao, entre otros) e iluminan con claridad las posibilidades de un modo político y democrático de negociación y diálogo que lleve a un proceso de cambio en el vínculo entre Estado, sociedad y pueblos originarios. El mensaje de este pliegue está en muchos de los escritos del libro, ya sea explícito o como eco: la solución al vínculo complejo y tensionado del mundo indígena con el Estado y gobiernos pasa por un reconocimiento y por la participación política plena de sus pueblos. De allí que el autor hable de la vía chilena a la plurinacionalidad, entendiendo esta última como un …concepto [que] busca describir Estados cuyos diseños institucionales reconocen diversas naciones o pueblos dentro de un mismo orden constitucional. Se refiere a la existencia de múltiples comunidades políticas —naciones— dentro de un mismo marco institucional.

En la encrucijada actual de los episodios que se suceden en La Araucanía como en un eterno retorno de las mismas imágenes de incendios, represión, Ley Antiterrorista y ahora de civiles no mapuche ejerciendo violencia, así como en la actual coyuntura de la realidad inédita que la sociedad chilena escriba de manera plural y democrática una nueva Constitución, este libro se torna indispensable para reflexionar, tener información y conocer el punto de vista de un intelectual mapuche que observa y propone alternativas colectivas para avanzar en el camino de un nuevo contrato entre iguales, pero diferentes.

Introducción

Chile se dispone a retomar un proceso constituyente, suspendido por la pandemia, pero que se requiere más que nunca. Los efectos de la pandemia del Covid-19 han develado y hecho más dramáticamente gravosas en el tiempo presente las desigualdades históricas en la construcción del poder en el país. La crisis económica y la social, consecuente, transformarán nuestro entendimiento, proyectando la crisis social y de representatividad política que estábamos viviendo durante el estallido social post 18 de octubre, requiriendo de nuevos comienzos.

El surgimiento, en plena pandemia 2020, de conflictividades referidas a las relaciones entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado chilenos, con las huelgas de hambre de los presos mapuche en los penales de Temuco, Angol y Lebu, el extraño caso del homicidio del werken de la comunidad We Newen, Alejandro Treuquil, así como el despliegue de recursos militares en la provincia de Arauco y en la Región de La Araucanía se suman al abandono de las comunidades en relación con las medidas de prevención y recuperación de la salud en la emergencia Covid.

Con ello, es evidente que los problemas no resueltos de la democracia chilena respecto a los pueblos indígenas claman por una solución profunda, política, para un conjunto de problemas que son un síntoma de las afecciones de una democracia que ha abrazado el capitalismo con tanta intensidad, que ha traicionado los ideales igualitarios propios del proyecto democrático de vida.

La desigualdad, el despojo, la discriminación, estigmatización, marginación y violencia contra los pueblos indígenas requieren desandar el camino emprendido por nuestra república desde su fundación, para reorientarlo hacia un nuevo pacto, ahora colectivo, plurinacional, que haga justicia a estos pueblos. Si bien una Constitución nueva no resolverá todos esos problemas, puede asentar bases nuevas de convivencia, mecanismos institucionales que permitan mejores diálogos, para así elaborar espacios comunes de legitimidad que acompañen el renacimiento de los pueblos indígenas como naciones, permitiendo profundizar la diversidad e igualdad de esta democracia.

Este libro está construido como un conjunto de fragmentos que tienen en común favorecer esos propósitos. En general, se trata de columnas publicadas en diversos periódicos, anotaciones y estudios sueltos realizados durante los últimos diez años (2010-2020). Con ello se quiere ahora, tal y como cuando se elaboraron, hacer una contribución a las soluciones que permitan incrementar el diálogo y fomentar la justicia en las relaciones entre pueblos indígenas, en las relaciones con la naturaleza de la cual forman parte, y con la sociedad chilena que por ahora los oprime, pero que podría convertirse en una genuina y solidaria hermana para dichos pueblos. Por cierto, que más igualdad y menos supuestas jerarquías sobre los pueblos indígenas serán caminos para que la sociedad chilena profundice la democracia a través de abrazar la diversidad, y así empiece a despertar del peso de la noche a la que los ideales de uniformidad nacional y lucro ilimitado la han sometido.

Lo que sigue son acercamientos realizados durante una década a algunos aspectos relevantes de la plurinacionalidad como un camino que permita más democracia, diversidad e igualdad para nuestra convivencia, en el convencimiento, adquirido en estos años, de que la doble pertenencia para los indígenas —a su nación indígena y a la república—, el equilibrio con la naturaleza y la compartición de la soberanía entre instituciones estatales e indígenas son pilares indispensables para la nueva época que se está alumbrando.

1.

El conflicto mapuche y la aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile

¹

Hágame el favor de mirar a los mapuche.

Interpelación del escritor José Saramagoa la Presidenta Michelle Bachelet.

Rara forma de terrorismo, porque el terrorismo genera miedo y muerte, y aquí nuestro pueblo es aparentemente terrorista, que tiene solo víctimas a su favor, los que han muerto son gente nuestra, entonces es un terrorismo muy raro.

Elicura Chihuailaf, poeta mapuche.

El conflicto entre el Estado de Chile, y diversas empresas nacionales y extranjeras, y las organizaciones del movimiento indígena mapuche constituye uno de los mayores conflictos sociales que ha visto Chile desde 1997. Esta falta de acuerdo tiene un claro foco territorial pues se concentra en el sur del país; es decir, en el espacio habitado tradicionalmente por el pueblo mapuche, aunque sus consecuencias se distribuyen en todo el país.

Analizaremos el conflicto específico que subyace en la aplicación de la Ley Antiterrorista a dirigentes mapuche en ese entorno, aplicando la metodología Remep respecto a la intervención en conflictos sociales y, en conformidad con ella, exploraremos la hipótesis de que dicho conflicto es determinado por la existencia de un dispositivo de dominación racial en Chile, donde la identidad es utilizada para fines de control y dominación, y, por lo tanto, la intervención del Estado chileno sobre el referido conflicto se construye, a partir de allí, asumiendo las características de una retaliación mediante una desproporcionada calificación de hechos como punibles y atentatoria contra los derechos fundamentales del pueblo mapuche. En este dispositivo han jugado un papel crucial los medios de comunicación, que han publicitado y reproducido la imagen de los mapuche como sujetos peligrosos y violentos con ocasión del citado conflicto y, en general, con ocasión de cualquier pretexto o incidente.

1. El Conflicto: La construcción del Conflicto Mapuche

1.1. Escenario del llamado Conflicto Mapuche

El conflicto llamado por la prensa Conflicto Mapuche se ha desarrollado durante los últimos quince años, y se trata de un conflicto social amplio que entrelaza aspectos culturales e históricos con disputas actuales de intereses sobre recursos naturales. Podemos considerar la escalada de los conflictos de distribución como un catalizador del conflicto fundamental entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena. La respuesta del Estado frente al conflicto fue llevar adelante una política de amplia penalización. En primer lugar, un gran número de miembros de comunidades y organizaciones mapuche fueron detenidos y encarcelados debido a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. En segundo lugar, los operativos policiales dieron lugar a hechos de torturas, maltratos, tratos degradantes por parte de las fuerzas policiales para con los mapuche, incluyendo como víctimas a niños y niñas. En tercer término, el gobierno pidió la aplicación de la Ley Antiterrorista a dirigentes mapuche.

El conflicto se ha caracterizado temáticamente por las siguientes formas: 

a) Conflictos en torno a derechos para obtener devolución de tierras.

b) Conflictos por la construcción de obras viales (bypass de Temuco).

c) Conflictos por proyectos de infraestructura energética (represas Pangue y Ralco en el río Biobío).

d) Conflictos con las empresas forestales.

e) Conflicto en torno a la situación de los mapuche privados de libertad, a los cuales los mapuche consideran presos políticos, incluyendo huelgas de hambre muy prolongadas.

Según el Informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el conflicto

se plasmó inicialmente en acciones colectivas de tierras reclamadas por las comunidades. A partir de finales de los noventa, a raíz del caso Ralco, y, especialmente, durante el periodo 2001-2004, la conflictividad social en el entorno mapuche alcanzó una etapa crítica. Durante este periodo, se produjo una acumulación de actos de protesta social, llegando a quebrantamientos del orden público y a la realización de acciones de violencia. Estas acciones tuvieron como objetivo prioritario las explotaciones forestales, percibidas como responsables de la desposesión de tierras y del grave deterioro ambiental que asola las comunidades mapuche. En sus formas más graves, estas acciones llevaron a la quema de fundos, casas habitacionales, maquinaria y medios de transporte asociados a la explotación forestal. (FIDH, 2006a: 5)

Los focos de conflictos se han desplazado desde las reivindicaciones de tierras a la disputa con las empresas forestales y luego a las protestas en torno al tratamiento del sistema penal a los mapuche. El hito que da inicio a esa última etapa es el incendio de camiones de transporte de la empresa forestal Bosques Arauco el 1/12/1997 (Lavanchy, 1999: 2). A partir de entonces las movilizaciones mapuche se multiplicaron. Sin embargo, desde la perspectiva mapuche, el inicio del conflicto actual está en la pérdida del rol de garante de los derechos indígenas por parte del Estado, desde el momento en que se decide construir la represa Ralco en el Alto Biobío en 1996, que inundó asentamientos tradicionales de comunidades mapuche-pewenche.² Otros inclusive datan el inicio del conflicto desde enero de 1993, cuando un ministro en visita acusó a 114 mapuche miembros del Consejo de Todas las Tierras de ser autores de delitos de asociación ilícita y usurpación de tierras (Toledo, 2007a).

En cualquier caso, el foco principal gira en la actualidad en torno a las actividades de las empresas forestales. Esto se debe principalmente a que dichas empresas son las que ocupan la mayor extensión de terreno mapuche y han afectado considerablemente el ecosistema de las comunidades vecinas. Por otra parte, las comunidades indígenas mapuche no reclaman solamente las tierras amparadas por títulos jurídicos reconocidos por el Estado de Chile (Títulos de Merced), sino que también las tierras antiguas;³ esto es, las tierras ancestrales que efectivamente eran poseídas por los linajes mapuche hasta que se produce la anexión por parte de Chile.

De acuerdo con los empresarios de la IX Región de Chile, se habrían registrado 410 incidentes con los mapuche entre enero de 2000 y octubre de 2001, y 189 durante 1999.⁴ El año 2003 se produjeron 102 incidentes, de los cuales 70 son tomas de terrenos, por parte de grupos indígenas.

De las cerca de 3.000 comunidades indígenas, menos de 60 se han visto envueltas en conflictos por aplicación del sistema penal (Comisión de Constitución, 2003: 91).

Las actividades conflictivas corresponden a las de una intensa desobediencia civil, y van desde acciones totalmente pacíficas hasta actos violentos que han causado daños a la propiedad privada. Serían estos de tres clases según los tipos de acción:

Movilizaciones sociales con medidas de presión que han presentado demandas insatisfechas (incluyen actos culturales, manifestaciones, ocupación de edificios públicos, huelgas de hambre, corte de caminos y calles).

Ocupación de tierras demandadas, como acciones de presión directa y de propaganda.

Ocupación de tierras no ligadas a procedimientos de reclamación en curso, que implicaron acciones como incendio de plantaciones forestales, de casas patronales, cultivos y de instalaciones, sabotaje de maquinaria, destrucción de equipos y cercados, tala de árboles, cierre de vías de comunicación y enfrentamiento con las fuerzas policiales.

La respuesta policial frente a esas movilizaciones ha sido particularmente violenta. Dentro de la violencia policial hacia los mapuche se han caracterizado tres tipos (Beaudry, 2009: 373-377): 

Violencia verbal, falta de respeto, estrategias de acoso, estereotipación de los mapuche.

Violencia física innecesaria durante los allanamientos y violaciones de domicilio:

Detención extremadamente violenta; violento desalojo de comuneros, golpes y apremios ilegítimos durante arresto y detención.

Disparos durante allanamiento hiriendo a varios comuneros, e impedimento del libre tránsito de las personas dentro de una comunidad al desarrollar acciones de registro y control.

Malos tratos durante detención; ingreso a fundo indígena y sustracción de animales pertenecientes a indígenas.

Disparos contra casas de una comunidad.

Maltratos físicos, hostigamiento sistemático durante investigación (permanentes controles de identidad, seguimiento a los dirigentes).

Allanamientos con personal fuertemente armado; desalojo y detención de numerosas personas en la mañana, incluyendo mujeres, ancianos y niños; disparos de escopetas antimotines durante allanamiento, hiriendo a menores; golpes e insultos racistas durante detención; detención y golpizas a estudiantes en el marco de protestas pacíficas, y allanamientos sin orden judicial y maltratos físicos.

Actos de violencia que ocasionaron la muerte de 11 mapuche.⁵

Grupos de la sociedad chilena con una importante influencia en la sociedad chilena, a saber, la Corporación Chilena de la Madera, la Sociedad Nacional de Agricultura y el Consorcio Agrícola del Sur, ejercieron una fuerte presión sobre las autoridades para obtener una respuesta punitiva contra las movilizaciones mapuche, usando los medios de comunicación y sus redes políticas (Villegas, 2007a: 12).

La resonancia en los medios de dichos conflictos ha sido muy importante, puesto que estos han difundido públicamente la idea de que los mapuche serían terroristas, e incluso han atribuido responsabilidades sin que haya existido todavía proceso. La Defensoría Penal Mapuche —oficina de defensa pública especializada para conflictos jurídicos en cuestión— denomina a aquellos contra quienes se ha dirigido el aparato punitivo del Estado como imputados en el marco del conflicto territorial. Las organizaciones mapuche los designan como presos políticos. Cuando la entonces Presidenta Michelle Bachelet, por su parte, visitó en 2007 la sede de los organismos de DD.HH. en Ginebra negó que en Chile hubiera presos políticos.

1.2. Actores involucrados en el conflicto

El pueblo mapuche:

Los mapuche son un pueblo indígena que existe en el sur de Chile y Argentina. El pueblo mapuche es el grupo étnico más grande de Chile y el tercero en toda Sudamérica. De acuerdo con el Censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile de 2002, la población mapuche ascendía a 604.349 habitantes, que se concentraban principalmente en la capital y en la IX⁶ Región. Según el Censo de 2017, la población mapuche asciende a 1.745.147, concentrándose principalmente en la Región Metropolitana. Por su parte, en Argentina, la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 del Instituto Nacional de Estadística y Censos calculó la cifra en 113.680 mapuche, población que se concentra en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro. En el Censo Nacional de 2010, se constató que había 205.009 mapuche en Argentina.

Antes de la llegada de los conquistadores, el pueblo mapuche ya habitaba las tierras al sur del río Biobío en Chile, y posteriormente no solo siguió