Conservadurismo en el Perú

Representantes de sectores políticos (izquierda), eclesiásticos (centro) y militares (derecha, al fondo) en 2017.

El conservadurismo en el Perú comprende al sistema político de creencias conservadoras en territorio peruano, caracterizado por el apoyo a los valores católicos, la estabilidad social y el orden social. El conservadurismo peruano abarcó una amplia gama de teorías. Estas teorías e ideologías se desarrollaron en los primeros doscientos años de república.​ Destacaron hechos varios como su concepción en los años 1840,​ cuyo término «conservadores» (originalmente «fuerzas del orden») se definió dos décadas después para referir como una fuerza política de sus adversarios liberales;​ la Coalición Conservadora de la década de 1930 y el neoliberalismo de Alberto Fujimori,​ este último de carácter neopopulista apoyado por evangélicos.​

Perú es considerado como una de las naciones más conservadoras en Latinoamérica, especialmente con su conservadurismo social,​​​​ motivada por su teología y las estrategias sociales.​ Desde el siglo XIX, la influencia de la Iglesia católica se mantuvo estable a pesar de que se contaron reformas lacistas para contrarrestar tal influencia.​​ Esta institución prevaleció como actor importante en la doctrina moral del país durante varios años.​ Luego de establecer la separación Iglesia-Estado, las ideas prevalecieron con el tiempo en asociaciones civiles, hacia el siglo XXI;​ además que el Estado estableció definitivamente un concordato a una Iglesia independiente, junto a derechos como la exoneración de impuestos en actividades sociales, renumeración a profesores de educación religiosa y el servicio de vicariato castrense.​ No obstante, este sistema social fue desligándose en sectores religiosos, cuyos organizaciones mostraron apoyo el espectro izquierda y alejados de esa concepción ideológica;​ este sector es minoritario en comparación con la fuerte influencia de la derecha en los evangélicos del país.​

Autores como Rottenbacher de Rojas han señalado que el conservadurismo social suele estar asociado con creencias autoritarias.​​​ Estas creencias son consecuencia de la influencia de las fuerzas armadas en el control político, cuando estas se enfrentaban a movimientos contestatarios contra la oligarquía limeña,​ como ocurrió con el Partido Comunista Peruano. Si bien las creencias autoritarias se basan en la lucha contra la delincuencia,​ también se justifican por razones de índole política.​ En este sentido, se busca imponer los principios de una cultura occidental,​ lo cual se manifiesta en estrategias como el uso del terruqueo, una variante de la falacia reductio ad Stalinum, y la negación del término «conflicto armado interno» para referirse a la época del terrorismo.​

Por el lado económico, y en parte por los aportes de la Iglesia, que influyó en la formación de la oligarquía limeña,​ el conservadurismo mostró apoyo a una economía flexible (neoliberalismo criollo),​ es por lo cual el historiador Antonio Zapata describe al Perú como «un país de derechas»; con excepciones de gobiernos de izquierda en historia contemporánea como Juan Velasco Alvarado (1968–1975) y Pedro Castillo en 2021. El primer mandato fue autor de una reforma agraria, la reforma educativa (que fue rechazada por algunos sectores)​ y la nacionalización de sectores estratégicos populares como respuesta ligeramente progresista al dominio centralista del sector privado;​ mientras el segundo permaneció conservador en el aspecto social con discrepancias con otros sectores de la izquierda peruana.​​

A diferencia de naciones vecinos como Colombia o Chile, Perú no ha definido una postura política en su historia.​​ No obstante, especialistas como Martín Tanaka señalaron que la capital del país es que abrazó históricamente este sistema de creencias;​ caso que entre 1978 y 2011, los electores de la costa y parte de la selva (sin considerar las regiones del sur del país) solían elegir a candidatos conservadores según la Oficina Nacional de Procesos Electorales.​

Historia

Primeros años de la república

La debilidad de los partidos políticos peruanos fue visibilizada a lo largo de la historia de la República, con líderes en competencia que luchaban por el poder tras el colapso del Virreinato del Perú del Imperio español.​​​ Esto explica la ausencia de un partido dominador hasta superado el periodo de la República Aristocrática y, aun así, no contar con un desarrollo a largo plazo;​ lo que se buscó cubrir el vacío institucional con caudillos.​

En sus primeros años, nuevos diarios que notaron la crisis estructural del Virreinato,​ como la Gaceta de Lima, fueron los difusores de ideas liberales.​ Es en ese momento que se propuso imponer una mentalidad abierta frente al establecimiento de una monarquía liderada por José de San Martín.​ El libertador consideró descartar de llevar ideas completamente republicanas por no ser un apropiado plan, así mismo, estableció la invocación de Dios en la orientación jurídica del país.​ El proyecto de monarquía fracasó,​ pero el concepto de Ramón de Salas y Cortés sobre la existencia de un poder neutro del Estado fue relevante para el proceso de conciliación entre el legado monárquico y la nueva república. Este concepto fue adoptado por Bartolomé Herrera, el mayor representante del conservadurismo peruano, con el apoyo del Convictorio de San Carlos,​ que fue centro doctrinario que respaldó su ideología.​

El fracaso de llevar a cabo un gobierno liberal y secular (apenas fue una fuerza opositora en el gobierno de José Rufino Echenique antes de aquella revolución de 1854)​ consolidó el centralismo en el país y la prevalencia de teorías a favor en conservar la influencia religiosa en el Estado frente al secularismo.​ Además, la etapa de la independencia del Perú permitió a aristócratas con terrenos y comerciantes ricos cooperar entre ellos para luchar contra el Imperio español, aunque los aristócratas luego obtendrían un mayor poder y liderarían una oligarquía encabezada por los caudillos que defendían las haciendas feudales existentes.​ Durante la época de la Guerra contra España, la extracción de guano en Perú condujo al surgimiento de una aristocracia aún más rica que estableció una plutocracia.​ Se creó entonces una oligarquía adinerada que utilizaba partidos políticos basados en candidatos para controlar los intereses económicos; una práctica que continúa en la actualidad.​

Más allá de lo religioso, Perú consolidó sus pilares políticos de Agustín Gamarra, emblema del caudillismo autoritario​ y que Herrera le rindió homenaje en uno de sus discursos. Su Carta Magna de 1839 fue considerada como «la máxima expresión de la voluntad conservadora de imponer un orden en el país», en palabras de Alicia del Águila Peralta;​ además, según la historiadora Natalia Sobrevilla en The Caudillo of The Andes, se tomó como referencia a la Constitución Política de la República de Chile de 1833.​ Con Manuel Ignacio de Vivanco, su ideario (con tintes regeneracionstas) contribuyó en la preservación autoritaria de las costumbres sociales y morales.​

Mientras tanto, el sistema educativo en Perú fue susceptible a gobiernos autoritarios de tendencia antiprogresista para segregar en contra de los indígenas peruanos ─tomando en cuenta que la mayoría de las 15 reformas formuladas desde el gobierno de Ramón Castilla (salvo las reformas excepcionales de José Pardo y Barreda y Manuel Prado Ugarteche), no se entabló una docencia inclusiva─,​ en que se inculcó bajo la creencia de una sociedad jerárquica y capacitó a los grupos indígenas para vivir sus vidas como su fueran campesinos o soldados.​ La lucha contra las ideologías del indigenismo de la mayoría y la élite con valores eurófilos surgiría a fines del siglo XIX y en el siglo XX.​

Sentido de religiosidad y providencialismo en la nación

A la par con la vigencia tradicionalista de la época, la Iglesia católica mantuvo el legado ideológico del providencialismo post-virreinato​ y que permaneció su rol conciliador ante eventuales confrontaciones políticas.​ Desde la primera constitución peruana (1823) el país reconoció las relaciones Iglesia-Estado, como el patronato nacional,​​ hasta la carta de 1979.​ Para la década de 1820, el control ideológico del conservadurismo estuvo asentado en Lima y en la zona norte de las regiones costeñas del país.​ Mientras que en los años 1860 se impuso el ultramontanismo en la iglesia.​

Con la formación de la Sociedad Conservadora, fundada en 1849, se marcó la meta de evitar el crecimiento de una eventual anarquía.​ Esta oligarquía contaba con el apoyo de la Iglesia católica, que ignoraba las desigualdades en Perú y ayudaba a los gobiernos a apaciguar a la mayoría empobrecida;​ e incluso buscaba posicionarse en la sociedad, cuando en 1913 se impidió la libertad de culto, debido a la presencia de nuevos movimientos religiosos.​ Mientras tanto, la Unión Católica (originalmente Sociedad Católica bajo liderazgo de Rufino Echenique)​ fue el primer hito en impulsar la denominada «causa católica» en los años 1860 y que estableció los primeros movimientos religiosos conservadores, y que en los años 1920 se convirtió en el unificado Partido Católico Conservador (de origen arequipeño).​​

Bartolomé Herrera y su aporte religioso en Perú

Bartolomé Herrera, uno de los pensadores conservadores más influyentes del Perú.

Bartolomé Herrera es considerado el pensador conservador más influyente del Perú del siglo XIX,​​​ que tomó lugar después del fallecimiento de Agustín Gamarra y su entonces restauración peruana.​ Basado en el concepto de la «ilustración contrarrevolucionaria» de José Ignacio Moreno,​ quien realizó una respuesta ultramontana a una especie de batalla cultural de la época, Herrera fue reaccionario.​​ El pensador se opuso en que la democracia y el liberalismo apoyen fuertemente el elitismo y el autoritarismo bajo creencia de que la Iglesia católica debería tener el control por una teocracia de la ley divina, argumentando que la independencia de Perú de España había revertido esto, afirmando que «el principio de obediencia había perecido en la lucha por la emancipación».​ Él creyó que después de la renuncia del control del Imperio en el Perú, la nueva estructura de soberanía popular condujo a la anarquía en la nación y que los ciudadanos solo obedecían las leyes cuando era beneficioso.​ Se opuso también a la teoría del contrato social, cuando Herrera afirmó que la idea era «el germen de la revolución, los crímenes y la esclavitud inevitable».​ El pensamiento de Herrera evolucionaría hasta creer que era un representante directo de Dios, afirmándose en la frase «Obedeced a las autoridades constituidas. Tiemblen los que no me obedezcan».​ La prensa peruana calificaría las ideas de Herrera como partidarias del despotismo y que pertenecían a la etapa oscura de la Edad Media.​

Respondiendo a las críticas en la prensa, Herrera escribió lo siguiente:​

[E]l pueblo, es decir, la suma total de individuos de toda edad y condición, NO TIENE LA CAPACIDAD NI EL DERECHO DE HACER LEYES

Así, Herrera creía que los humanos ni siquiera podían interpretar la ley natural, y mucho menos hacer leyes por sí mismos.​ También apoyaría al caudillo Ramón Castilla, quien gobernó Perú durante el siglo XIX, creyendo que su autoridad ayudó a estabilizar Perú.​ Herrera abandonó temporalmente a la vida pública en 1853 después de que el Congreso del Perú bloqueara un proyecto de concordato que redactó para el Papa Pío IX,​ plan que fue finalmente permitido en el Congreso Extraordinario de 1858,​ que posteriormente sería la Bula Praeclara Inter Beneficia. Reapareció en 1860, luego de aquella guerra civil entre liberales y conservadores, para convertirse en miembro y presidente del Congreso. En ese mandato creó un borrador de la Constitución del Perú de ese año que apoyaba una agenda antidemocrática y elitista al establecer la exclusión ciudadana para un gran porcentaje de peruanos, un presidente elegido por elección indirecta, un treinta y cuatro miembro del senado que estaba supervisado por empresarios que ejercían el poder judicial y una cámara de diputados que se ocupaba del poder legislativo.​ Después de que su propuesta fuera rechazada, renunció enojado a su cargo y se mantuvo fuera de la vida pública.​

Generación de 1900

El historiador y político peruano, José de la Riva-Agüero y Osma. Fue fundador de la Acción Patriótica y defensor de las ideas conservadoras. Propuso que el comportamiento político tendente a la conservación de un presunto orden no sólo es el único racional, sino además el único excusable en la esfera moral.​

La Generación de 1900 fue un influyente grupo de escritores, historiadores y filósofos que crearon el nacionalismo peruano moderno, con el grupo originado en los círculos intelectuales peruanos durante los años posteriores a la Guerra del Pacífico, la Guerra Civil de 1884 y la Reconstrucción Nacional, cerca del comienzo del siglo XX. Estos intelectuales se inspiraron fuertemente en los movimientos nacionalistas franceses y españoles que surgieron después de la derrota de sus países en Sedán y en Cavite, respectivamente.​

Los escritos de Manuel González Prada, quien fue criado bajo educación religiosa,​ inspiraron en gran medida la reforma nacionalista en Perú tras la Guerra del Pacífico. Sin embargo, cansado de percibir la influencia de la Iglesia en los valores morales del Estado,​ Prada abrazaría el anarquismo en lugar del liberalismo, por considerar que este último impedía la reforma necesaria para Perú.​ El escritor peruano descartó el discurso conservador criollo sobre una nación «mestiza-criolla» y, basándose en los aportes de Juan Bustamante, marcó al indigenismo como principal representación del país.​ Los intelectuales en Perú buscarían crear su propio movimiento nacionalista, aunque inicialmente tuvieron complicaciones en marcar su dirección ya que las bases de la sociedad peruana se apoyaban en un sistema religioso autoritario que aceptaba la ley natural, que se había impuesto desde la época colonial española, resultando con intelectuales evitando el secularismo por completo.​ Luego, el grupo se volvió limitado, obsesionado con el pasado, mientras que otras naciones se enfocaron en preocupaciones más progresistas.​

Los miembros de la Generación de 1900 estuvieron influenciados principalmente por el aristocrático Partido Civil, liderado principalmente por abogados vinculados a intereses comerciales de Inglaterra y Estados Unidos.​ El grupo tenía poco contacto fuera de la élite, no hacía ninguna conexión con los pueblos indígenas de Perú y veía a Estados Unidos como un ejemplo para Perú; el grupo creía que el capitalismo y una economía de libre mercado eran necesarios en Perú.​ Las tres figuras principales de la Generación de 1900 fueron Francisco García Calderón Rey, José de la Riva-Agüero y Osma, y Víctor Andrés Belaúnde.​

El movimiento fue liderado principalmente por Riva-Agüero, perteneciente a la aristocracia y discípulo del filósofo Alejandro Deustua,​ además descrito como «el magistrado de la cultura peruana» por el historiador Raúl Porras Barrenechea.​ Inicialmente formó parte del Partido Futurista, que más tarde el investigador Alberto Adriazén conceptuó de «reaccionarios».​ El líder adoptó ideas del fascismo, una corriente nacionalista de la época,​ luego de fracasar propuestas liberales previas a su conversión religiosa.​ La adopción coincidió con el colapso de la República Aristocrática en 1919, en que previamente sentía rechazo a ella y el entonces controlado Partido Civil.​ En aquel entonces, activismo de la clase media crecía durante la presidencia de Augusto B. Leguía,​ personaje que consiguió extender su mandato presidencial en los años 1920​ y conectó el catolicismo con el apoyo del azorbispo de Lima, Emilio Lissón.​ Riva-Agüero sería también fundador de Acción Patriótica en los años 1930, que marcó su postura política, y fue relevante para futuros movimientos de esa década que coincide con la etapa posterior de la República Aristocrática.​

Según el historiador Fernán Altuve, esta generación de intelectuales, que pondría fin al consenso liberal-positivista sobre la interpretación del pensamiento político peruano en el Perú, fue la primera generación en dar importancia al pensamiento tradicional en la historia peruana, rescatando importantes figuras conservadoras como Bartolomé Herrera o Blas Ostoloza.​

Gobiernos de Odría y Belaúnde

El presidente Manuel A. Odría.

A principios del siglo XX, en plena crisis de la oligarquía, las Fuerzas Armadas del Perú mantuvieron el poder político en el Perú.​​ En ese entonces la Unión Revolucionaria, apoyado por el militar Luis Miguel Sánchez Cerro, marcó el conservadurismo contra ideas calificadas de «comunistas», cuando en ese entonces la Iglesia católica cedía las ideas modernización pero no de APRA (supuestamente vinculado con el «marxismo»).​ Posteriormente, con surgimiento de otros movimientos como la Coalición Conservadora, Manuel Odría dio un golpe de Estado contra José Luis Bustamante y Rivero (a pesar de contar el apoyo de católicos)​ en 1948, liderando un gobierno de tendencia derecha radicalizada hasta 1956.​ Su régimen adoptaría un carácter populista, nacionalista y pragmático.

Tanto Odría como Sánchez Cerro fueron críticos contra sus opositores, ambos tomaron medidas extremas para mantener el orden social.​ Según Bustamante y Rivero, sus ideas fueron fortalecidas por el denominado «clan de la ultraderecha», un sector agroexportador que impedía la influencia del APRA.​​

En el mismo 1956, Fernando Belaúnde fundó el partido de centro-derecha Acción Popular. Este político fundador llegó a ser presidente en 1963 y sostuvo una doctrina bajo el título La conquista del Perú por los peruanos, que promovía la explotación de los recursos de la selva amazónica y otras zonas periféricas del Perú a través de la conquista,​ afirmando «sólo volviendo la mirada hacia el interior y conquistando nuestras tierras vírgenes como en su día hizo Estados Unidos, Sudamérica alcanzará por fin un verdadero desarrollo».​ En 1964 en un incidente denominado genocidio matsé, el gobierno de Belaúnde se puso contra la mencionada etnia tras la muerte de dos madereros, al conseguir de que las fuerzas armadas peruanas y aviones de combate estadounidenses lanzaran napalm sobre los grupos indígenas armados con arcos y flechas, matando a cientos de personas.​ Belaúnde fue destituido de su cargo por un golpe militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado en 1968.

Otros sucesos relevantes durante el gobierno de Belaúnde Terry ocurrieron desde el Parlamento, algunos de ellos vinculados con Manuel Odría. Destacaron las remociones de Francisco Miró Quesada por sus reformas progresistas en el sistema educativo del país, y a Óscar Trelles por no tomar medidas contra lo que consideraba una amenaza del comunismo.​

La presencia humanista de la iglesia

Véase también: Teología de la liberación

Para mediados del siglo XX, la relación del antiprogresismo y la religiosidad dejó de ser exclusiva en la Iglesia católica. Uno de los conceptos recurridos para identificar el desarrollo humanístico católico y no reaccionaria es la denominada «modernización tradicionalista», del abogado Fernando de Trazegnies,​ y que recurrió el fundador del socialdemocracia Víctor Andrés Belaúnde en los años 1940.​ En los años 1950 surgió Democracia Cristiana, uno de los primeros en identificarse como «no confesional» en lugar de ser puramente un partido católico,​ cuya presencia fue muy minúscula en las elecciones de la década siguiente.​

En los años 1960, sectores católicos fueron permisivos en escuchas posturas de izquierda para afrontar problemas de la situación política.​ En ese entonces marcó pauta la teología de la liberación antes de la llegada de gobierno de Velasco Alvarado.​ Cuando el militar asumió el poder, el Estado y Iglesia católica fueron restepetuosos;​ además, el oficialismo se alió con la Oficina Nacional de Investigación para reducir la presencia conservadurista y desarrollar ideas religiosas progresistas en el país.​

Tras el mandato de Velasco Alvarado y la «nueva derecha»

Años 1970 y 1980

Tras el Tacnazo y posterior derrocamiento de Velasco en 1975, Francisco Morales Bermúdez encabezaría el Gobierno Revolucionario hasta 1980, participando su gobierno militar en la represión política de los izquierdistas durante la Operación Cóndor.​ Uno de los logros fue en impedir el resurgimiento de corrientes marxistas-lenintistas del formado Partido Socialista Revoluclonario,​ además de establecer el Concordato de 1980.

Durante la Década Perdida de los 80 y el terrorismo de la época, surgió el fenómeno de la «nueva derecha» apoyada por el diario Expreso,​ a pesar de que los partidos políticos empezaron a debilitarse.​​ Una investigación de 1979 sugirió que esta postura cobró favoritismo, en parte, de mujeres, adultos mayores y trabajadores sin tener definida una ideología política, mucho después que la postura fuese la respuesta del fenómeno del APRA a inicios de siglo.​ Mientras tanto, ya se concebían la formación de partidos políticos no católicos como el Frente Evangélico (1980), formado por personas afines a la corriente religiosa;​ sin embargo, los participantes no tuvieron respaldo de las iglesias por entrar en una situación apolítica.​

Adicionalmente, el conservadurismo católico resurgió para mostrar el rechazo de la izquierda política en el país influenciado por el mencionado conflicto armado interno.​ En este fenómeno surgieron figuras más importantes como Juan Luis Cipriani,​​ quien se opuso a la presencia de organizaciones progresistas.​ Además fue responsable, cuando asumió el cargo en 1999, de tener una postura complemente pública de la Iglesia Católica.​ El resultado es un conflicto ideológico entre liberales religiosos y sectores conservadores como el Sodalicio de Vida Cristiana.​

Por el lado administrativo, Belaúnde fue reelegido en 1980 y se volvió aún más conservador, con el apoyo del cardenal Cipriani,​ cuando trajo reformas económicas neoliberales a Perú sin el debido éxito por el bajo valor de las materias primas y el reducido producto bruto interno.​​ En ese entonces, mientras las políticas sociales no cambiaban, el ámbito mercantil sí lo hacía,​ lo cual, el entonces mandatario fue crítico de las posturas subversivas que buscarían «empobrecer al país».​ Sin embargo, cuando los detractores se enojaron de la incapacidad del presidente sucesor, el socialdemócrata Alan García (quien combatió la crisis económica con la estrategias estatistas), las fuerzas armadas comenzaron a planear un golpe de Estado a fines de la década de 1980, conocido como Plan Verde. Esta estrategia militar implicaría el genocidio de peruanos indígenas y empobrecidos, el control o censura de los medios de comunicación nacionales y el establecimiento de una economía neoliberal bajo el mando de una junta militar en Perú.​​​ El partido aprista, que representaba a García, se mantuvo al margen de los militares para mantener el orden social.​ Irónicamente, grupos subversivos también practicaron medidas sociales similares al Plan Verde, por medio de la limpieza social.

Años 1990

En las elecciones generales peruanas de 1990, los peruanos otorgaron su apoyo al líder populista y posteriormente autoritario Alberto Fujimori Fujimori,​ quien adoptó el estilo caudillista para combatir al antagonista en el conflicto armado, Sendero Luminoso y su pensamiento Gonzalo (ideología autoritaria de izquierda).​ Fujimori obtuvo el apoyo de militares y un sector de la izquierda peruana,​ lo que le llevó a la presidencia del Perú.​​ En ese entonces, en medio de una polarización de dos fuerzas políticas,​ se estableció en el imaginario de Fujimori una dicotomía: entre los «ciudadanos» o «patriotas», que supuestamente no compartían ideas catalogadas de violentas, y sus rivales denominados «terroristas», referidos también a quienes compartieron el pensamiento Gonzalo.​

Imagen externa
Dibujo sobre los conservadores y el autogolpe de 1992, como parte de la obra Novísima Crónica i mal Gobierno (2011) de Miguel Det. Conservado en la página web del Lugar de la Memoria.
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A pesar de que su planificación inicial estaba mínimamente enfocada en reformas proderechos con apoyo de sectores de la clase socioeconómica baja para obtener buena imagen desde el extranjero,​ su gobierno fue referido en su momento como liberalismo conservador por mantener cierta influenciada de posturas conservadoras, posturas que partidos posteriores adoptarían con alguna similitud.​​ Su liberalismo perdió importancia luego de las medidas drásticas en 1992 para modernizar el sistema económico sobre los derechos ciudadanos,​ este último estuvo defendido por congresistas que se apoyaban en la constitución de 1979.​ El periodista Gustavo Gorriti explicó que el legado del autogolpe de ese año «reforzó y avanzó la tradición de una posición conservadora, fuerte, tradicional y profundamente autoritaria».​

Por otro lado, Fujimori continuó comunicándose con el sector eclesiástico,​​ mientras recibió el respaldo de la iglesia protestante evangélica:​​ al menos 19 identificados como evangélicos fueron elegidos de congresistas en las elecciones de ese año.​ El escritor Tomás Gutiérrez señaló que el sector protestante impulsó al candidato presidencial con bases que se asemejan a una «posición fundamentalista»,​ sustentada en los temores del fenómeno subversivo frente al ya debilitado sistema de partidos políticos.​ Sin embargo, su forma de gobierno solo generó divisionismo entre sectores evangélicos;​ luego del suceso de 1992, uno de los miembros de la comunidad evangélica, Guillermo Flores, señaló en 2021 que aquel autogolpe fue «el real detonador del discurso religioso peruano como lo conocemos ahora».​

Si bien Fujimori tuvo más respaldo popular cuando postuló como presidente de la república, de ahí su característica que asemeja al neopopulismo, su rival Mario Vargas Llosa tuvo apoyo de sectores elitistas;​ apoyo que fue perdiéndose por los problemas de organización.​ Vargas Llosa, quien experimentó ideas liberalistas y progresistas en su juventud,​ respaldó el fenómeno de la «nueva derecha».​ El escritor fundó en 2002 la Fundación Internacional para la Libertad, uno de los think tanks que estableció una híbrida ideología liberal-conservador basado en el consenso de Washington, cuya prevalencia es en ser una institución con «modernización conservadora»,​ análoga a la «modernización tradicionalista» del siglo XX.

Siglo XXI

Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Juan Luis Cipriani en 2016.

El conservadurismo en las primeras tres décadas siglo XXI se mantuvo vigente por el statu quo del Estado, sin cambios considerables de la constitución de 1993 (creada luego proponerse en el autogolpe de 1992), con campañas que aparentaron romper el continuismo (como ocurrieron con Alejandro Toledo y Alan García).​ La comunicadora Laura Arroyo señaló que el legado de Alberto Fujimori, el fujimorismo, permaneció en los posteriores gobiernos;​ mientras que el politólogo Alberto Vergara citó que Alan García, quien asumió un nuevo gobierno entre 2006 y 2011, consiguió que su segundo partido político, el Partido Aprista Peruano, sea «casi un segundo fujimorismo en el Perú».​

Fuerza Popular es un partido político creado por la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, Keiko Fujimori,​ cuyo propósito es promover ese legado. Con simpatizantes más reaccionarios que posicionaron a la organización en ese espectro,​ los apodados «halcones»,​ el partido promovió el activismo ideológico en el Estado posterior al Fujimorato contra sus opositores progresistas.​ Mientras que en los primeros años del siglo, el APRA fue un referente junto al Partido Popular Cristiano, que incluso formaron la Alianza Popular para mantener sin éxito su vigencia al 2016, según el director de El Montonero;​ para 2021, según Ojo Público e IDL, el fujimorismo compartió otras organizaciones más recientes del mismo corte doctrinario como Renovación Popular (ultraconservadora), Perú Libre (antiliberal de izquierda) y Avanza País (afín al neoliberalismo).​​

Por otro lado, el fracaso de una propuesta progresista de Humberto Lay, Restauración Nacional (2005-2020), permitió al conservadurismo calar en nuevos grupos o colectivos contra libertades civiles (apodados «antiderechos»).​ Los grupos evangelistas tuvieron mayor aceptación en la concepción de valores familiares como los grupos católicos;​​​ volviéndose en grupos de presión, según el exministro José Luis Pérez Guadalupe.​ Esto incluye al partido político no católico, Frepap, considerado por la politóloga Adriana Urrutia como una muestra que «canaliza el descontento conservador».​ Los grupos evangélicos al igual que los católicos (que agrupa a las facciones del Opus Dei)​ se interesaron en fomentar los valores familiares (además de los aspectos provida) en la política nacional, algunos de ellos obtuvieron sus curules parlamentarios como en el caso de los integrantes de Renovación Popular.​

Un estudio de 2018 por la Pontificia Universidad Católica del Perú sugirió la presencia de una laxitud en la moral de sus gobernantes lo que fomenta la dependencia antiprogresista y desmotiva la participación política para promover propuestas de cambio,​ mientras que otra de Ipsos en 2020 señaló que 65 % de las personas se identifica suave o completamente de «conservador».​ En 2023, el periodista y músico Fernando Pinzás señaló que la política era considerada como un tema tabú en muchos casos, debido a la presión social de una sociedad con valores tradicionales.​ Además, expresó que los artistas, quienes manifiestan el arte en el país, no son conscientes de la importancia de sentar una posición política, pues el silencio puede ser cómplice de situaciones de corrupción, crímenes y autoritarismo.​

Video externo
¿Qué busca la derecha en el Perú?, entrevista a Omar Coronel por el investigador Francisco Durand. Vídeo de Otra Mirada en 2021.
Análisis sobre la ola conservadora en Lima y la importancia de Renovación Popular en el país por el excandidato Guillermo Flores Borda .
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Prácticas políticas conservadoras en los gobiernos del siglo XXI

En los primeros años del siglo se presenció una situación delicada entre la Iglesia y el poder ejecutivo durante el gobierno de Valentín Paniagua a través de supuestas cartas reveladas por la revista Caretas,​ el gobierno negó que se rompieran relaciones.​ Ciprani catalogó en 2004 como un «golpe bajo muy fuerte» en la imagen de la comunidad.​

Por otro lado, durante la crisis de representación de los ministros de Alejandro Toledo, en 2004, el tercer vicepresidente del Congreso, Carlos Infantas, advirtió de una eventual reestructuración conservadora para mantener «las políticas de privilegios que gozan los poderosos grupos económicos que comen con "cuchara grande"».​

De aquel conflicto, entró en escena Alan García, quien criticó a Toledo por presumir de «heredar un nuevo senderismo».​ El político socialdemocrático Fernando Olivera, quien fue embajador durante el gobierno de Toledo, señaló que era un opositor y entabló una «conspiración planificada para derrocar al régimen democrático».​ Sin embargo, García estuvo acompañando de un partido político (APRA) menos crítico y aliado de coaliciones frente a una precaria situación institucional;​ además, el partido político se enfrentó en 2004 en desligitimidad la constitución 1993, en que el líder aprista se opuso para mantener la inversión económica.​ Es, por eso, que en el nuevo mandato de García, a diferencia de su primer gobierno socialdemócrata, retornó con una postura más conservadora y a favor de permanecer la situación política más favorable hacia el Estado.​​

A los discursos de gobierno del entonces líder aprista, se llevó la ejecución del Consenso de Lima aún más lejos, en dirección de políticas inspiradas en las de Augusto Pinochet, la instauración de la Marca Perú para idealizar el atractivo turístico del resto del país​ y su ambición en obras de infraestrcutura y recolección de recursos similares a las de Augusto B. Leguía.​ Uno de sus enemigos que buscó derrotar fue los grupos indígenas, comunidades que se opusieron en la extracciones de recursos naturales como ocurrió con Belaúnde Terry, caso que García vio como un «atraso».​ Tal como se visibilizaron pocas veces las denuncias de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana a los medios de comunicación locales,​ eventos de descontento conllevaron a la crisis política peruana de 2009 que se marcó en el infame Baguazo, un enfrentamiento entre policías y civiles de la Amazonía peruana.​​ El resultado de la crisis fue en permanecer una política amigable con los grandes capitales (nacionales y extranjeros)​ para mantener el crecimiento económico, caso que el presidente sucesor Ollanta Humala intentó alterar el destino con su agenda programática sin éxito.​

Ántero Flores-Aráoz propuso formalizar en los años 2010 la Coordinadora Republicana,​ cuya meta de unificar la derecha política desde los puntos de vista republicano-conservadores que resultó en un fracaso.​ La Coordina Republicana fue responsable de crear un complot contra el presidente Martín Vizcarra, según el asumido ministro de Defensa, Walter Martos.​ Luego de concretarse la vacancia, Flores-Aráoz fue primer ministro de Manuel Merino,​ quien pasó de presidente del Congreso a un fugaz presidente de la República en medio de protestas de 2020, cuyos manifestantes calificaron a las nuevas autoridades de «dinosaurios».​ Algunos responsables de gremios empresariales y exfuncionarios de APRA formaron parte del gabinete Merino.​

Con el tiempo, surgieron nuevas figuras políticas del mismo corte. Pedro Castillo, candidato del partido de izquierda Perú Libre, cuyo líder Vladimir Cerrón es contrario al progresismo, compitió con Keiko Fujimori. Aunque Castillo pretendió cuestionar el legado económico de su padre,​ mantuvo la misma postura social de la candidata.​ Por otro lado, Rafael López Aliaga, con las mismas posturas radicales, postuló con el refundado partido Renovación Popular. ​Si bien no logró pasar a la segunda vuelta, resultó elegido alcalde de Lima con su campaña centrada en «valorar a la familia».​ En una entrevista con el diario El Comercio, López Aliaga afirmó tener una postura definida, a diferencia de Keiko Fujimori, quien, según él, ha mostrado una «variabilidad» en su postura provida.​ El diario español El País, por su parte, informó que algunos exsimpatizantes de Fuerza Popular cambiaron su preferencia hacia Renovación Popular.​

Conclusiones del porqué el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está «ideologizado», a partir de una discusión entre José Luis Sardón, el activista Lucas Ghersi y el universitario Carlos Hakansson en el Congreso de la República: «Comportamientos irregulares» en los procesos abiertos en contra del Perú. «Clara identificación política de izquierda» de sus magistrados de la corte interamericana. El sistema «nació con deficiencia» y, por ello, Estados Unidos no firmó el pacto de San José. —Extraído de un comunicado de prensa el 16 de octubre de 2023.​

La llegada de Castillo al poder se vio afectada por una crisis electoral de 2021. La postura conservadora fujimorista, representada en una parte de la zona urbana de Lima​ y que obtuvo una parte del parlamento, fue un factor importante en la crisis política. Mario Vargas Llosa, representante de la Fundación Internacional para la Libertad, mostró abiertamente su rechazo a Castillo por estar supuestamente vinculado al socialismo del siglo XXI.​ Además, políticos participaron en una serie de conferencias, como el regional Foro de Madrid.

Dentro del país, se presenciaban campañas mediáticas contra adversarios del conservadurismo,​ como también actos en rechazo a organizaciones que consideran «ideologizadas» como la CIDH.​​​ Uno de ellos fue aquel cartel puesto en el Congreso con el mensaje «OEA, a la mujer la define la biología, no la ideología»,​​ respaldada por la organización cercana al Foro de Madrid CitizenGo.​ Aquello ocurrió durante la presidencia parlamentaria de José Williams, también defensor del cartel,​ días después de que el ente legislativo aprobara «sin generar obligaciones internacionales a futuro» el uso de los baños neutros para el evento interamericano Juntos contra la desigualdad y la discriminación.​​

La coalición conservadora nacida del Congreso adquirió aliados de otros sectores, como las fuerzas armadas, los empresarios y los representantes de entidades designadas por el ente, como el Tribunal Constitucional.​ Asimismo, los ataques extremistas se nutrieron de militares retirados contra Castillo​ y la CIDH;​ con comportamientos casi idénticos a los de La Resistencia.​ Tras la destitución de Castillo por congresistas, lo que desencadenó la convulsión social en contra de autoridades que no representan a la ciudadanía, el Ejecutivo, dirigido por Dina Boluarte (exvicepresidenta), mantuvo una alianza extraoficial con sectores tradicionalistas del Congreso.​ En el nuevo gobierno, se mostró una postura contraria a la «política ideologizada» en la educación y otros ámbitos del país.​​ Uno de los ejemplos de ello, que coincidió con los ataques a las ideas contrarias, fue la eliminación de la dirección sobre transversalización del enfoque de género en el Ministerio de la Mujer.​ Por su parte, el Congreso aprobó, por insistencia, un proyecto de ley que «declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú».​ El objetivo de esta iniciativa es imponer una narrativa histórica acorde a los intereses de los grupos conservadores.​

Existe cierto consenso de la cristalización de la alianza de ese espectro.​ El politólogo Juan de la Puente resume como «el vértice de una coalición [conservadora]»;​ mientras que el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana señaló que por tener control del Congreso «ya no hay instancias [de defensa]», y por eso se estableció un «camino decidido hacia el autoritarismo».​ Además, con la representación de Boluarte, el historiador Hélard Fuentes Pastor expresó que «la presidenta está asumiendo un rol ante la opinión pública como una salvadora» porque «se ahonda en una configuración de dinámicas autoritarias».​

Voces opositoras como Verónika Mendoza y Francisco Sagasti,​ así como el periodista Juan Carlos Tafur,​ criticaron al nuevo mandato por estar involucrado en una coalición «autoritaria» y «conservadora».​ Incluso el ex ministro de Cultura, Jorge Nieto, refirió simplemente de lo «más parecido a la extrema derecha».​ En el ámbito internacional, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, autoconsiderado como crítico del parlamento «conservador»,​ señaló durante el conflicto diplomático con algunos países que no reconoce a Boluarte la presencia de un «golpe del conservadurismo».​

Los ataques contra el progresismo continuaron con la aprobación de la investigación sumaria del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia,​ así como la creación de la Comisión de Alto Nivel para denunciar a la CIDH con bases populistas so pretexto de «no [colisionar] con las facultades constitucionales previstas para el Poder Ejecutivo y para el Poder Ejecutivo».​ Más allá de las acusaciones hacia Pedro Castillo, el medio IDL-Reporteros reportó que grupos parlamentarios de derecha y extrema derecha habrían realizado coordinaciones con otros funcionarios para inhabilitar figuras detractoras, como Zoraida Ávalos, percibida como una supuesta amiga de Martín Vizcarra.​

Influencia del fujimorismo en el conservadurismo peruano

Durante las presidencias de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, el Congreso estuvo bajo influencia de Fuerza Popular, opositora de muchas de las acciones realizadas por los mandatarios.​​​ La primera manifestación del partido fue el rechazo de las reformas relacionadas el enfoque de género:​​​ algunos de ellos indicados en los proyectos de ley 3610 y 3795,​ así como la censura a los ministros de Educación para establecer al suyo, el político Idel Vexler,​ que contó el apoyo del Partido Aprista.​ La siguiente fue el rechazo a la investigación por acoso del Sodalicio de Vida Cristiana, sociedad que, según el analista Alberto Adrianzén,​ estuvo influenciada con anterioridad por Cipriani.​​ También se manifestó en las críticas a las reformas sociales del gobierno de Martín Vizcarra por parte de figuras procedentes de Fuerza Popular, como Martha Chávez y Rosa Bartra criticaron, quienes buscaron obtener potenciales votantes para continuar en el parlamento en 2020.​ En 2023, Fuerza Popular fue en parte responsable de impedir que Gahela Cari se convirtiera en la primera congresista transexual de la historia nacional, cuando se discutió la suspensión de Roberto Sánchez.​

En las elecciones de 2011 el partido naranja recibió el respaldo parcial de los sectores envangélicos durante su campaña presidencial.​ Para las elecciones de 2016 el partido recibió apoyo de electores peruanos en el extranjero al igual que otros candidatos cercanos a la derecha peruana.​ Años después, en 2021, grupos conservadores en Lima y otras regiones aprovecharon la campaña anticomunista de Keiko Fujimori ─que identificó su propuesta de «demodura» (juego de palabras entre «democracia»​ y «[mano] dura»)─​ en la difusión de noticias falsas.​​ En la segunda vuelta, los grupos religiosos compartieron sus convicciones para reforzar los mensajes proselitistas de la candidata presidencial: Los envangélicos se comunicaron con ella por estar vinculada con los principios de la «democracia»;​ mientras que la Conferencia Episcopal Peruana, un ente católico, animó a no elegir a su rival vinculado al «comunismo» para «prevalecer los grandes valores éticos, morales y religiosos que sustentan a nuestra nación desde sus inicios y que constituyen la gran reserva moral del país que debemos cuidar y ennoblecer».​

La difusión de noticias falsas ocurrió en medios de comunicación, e incluso en redes sociales, especialmente en TikTok;​ cuya estrategia difusión masiva fue comparada como una campaña de «macartismo mesiánico» por el posterior congresista Edward Málaga.​ Luego de la fallida candidatura de Keiko Fujimori, grupos de poder afines a Fujimori fueron más drásticos cuando acusaron a las elecciones de un supuesto «fraude» y recurrieron continuamente a discursos de odio.​ La estrategia se solidificó de posturas reaccionarias para generar temor hacia los partidos políticos de izquierda;​ colectivos cercanos a la ultraderecha como La Resistencia,​ la Sociedad Patriotas del Perú,​ la Coordinadora Republicana​ y Ciudadanos por la Democracia (que acompañó en los mítines de Lourdes Flores Nano)​ incitaron la salida del electo candidato rural, Pedro Castillo, incluso de forma violenta.

Con el cambio de mandato por parte de Dina Boluarte, el investigador social Eduardo Cáceres refirió que ese nuevo mandato tuvo una «disputa abierta» con las directrices de gobierno de la lideresa de Fuerza Popular.​ Una de las opositoras, la congresista Sigrid Bazán, acusó a Keiko Fujimori por supuestamente conllevar a un gobierno en la sombra.​ Tal supuesto conllevó a que la representante del fujimorismo sea la tercera en Encuesta del Poder realizada por Ipsos en 2023.​

Presencia del conservadurismo religioso contra los estudios de género

Véase también: Política cristiana evangélica en América Latina

Para años posteriores al Fujimorato, surgió la promulgación del decreto ley que reconoce el Día del Niño por Nacer en 2001, un hito relevante para el movimiento provida en la política,​ mucho antes del reconocimiento de derechos del concebido en una modificación del Código Civil en 2023.​ La Conferencia Episcopal Peruana justificó en 2004 que la Constitución de 1993 «protegerá al concebido en todo aquello que le beneficie».​ En 2005 se formó la Declaración de Lima, un manifiesto concertado de la red internacional de conservadores provida y que propuso el asiento de ideas religiosas y afines en ese país con ayuda de organismos internacionales;​ otro documento provida bajo el mismo nombre fue firmado en 2016 y contó el principal apoyo del entonces alcalde Luis Castañeda (del partido Solidaridad Nacional, antecesor de Renovación Popular) y la Coordinadora Nacional Pro Familia.​​

Con figuras religiosas que apoyaron los «métodos anticonceptivos naturales», como el sacerdote Juan Serpa en 1999,​ el conservadurismo permaneció instalado entonces en el ministerio de Salud.​ Un estudio de 2018 por la Universidad de San Martín de Porres indicó que el 76 % de médicos se identificaba de creyente religioso.​ Posteriormente, la vigencia del conservadurismo social se presenció en el informe de USAID en 2020, cuando señaló «la fuerte resistencia cultural a aceptar prácticas que muchas otras sociedades de la región aceptan mayormente», específicamente en público con mayor presencia religiosa (vinculada con encuestados adultos y con poder económico reducido).​

Esto se evidencia con el freno de la aprobación de políticas de derechos sexuales y reproductivos: Si bien en los inicios de la década de 2010 no estuvieron amparadas por los gobiernos de turno;​ para los últimos años, la previa puesta en práctica por el gobierno de Martín Vizcarra generó la postura de la derecha reaccionaria en su contra, según Yehude Simon,​ que incluyó a Fuerza Popular (a que comparó el suceso como Sodoma y Gomorra).​ Un estudio de la Universidad de San Martín de Porres a cargo de Rottenbacher de Rojas (2015) sugirió que las ideas convencionales que presentan nuevos grupos religiosos en la política están directamente vinculados con el grupo de descontento por los limeños.​ El consenso de los grupos provida ocurrió en diferentes encuentros, reuniones y debates que permitió la interacción entre los participantes importantes: los religiosos y los políticos.​

En 2011 se formó la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam), creado por Julio Rosas Huaranga,​ como una respuesta a las ordenanzas progresistas de la alcaldesa de Lima Susana Villarán.​ En 2014 Juan Luis Ciprani entabló el Compromiso por el Perú, un documentó que reunió firmas de organizaciones políticas y religiosas en tratar temas progresistas en el país,​​ en el cual el partido político del gobierno de Ollanta Humala no participó.​ Para finales de los años 2010, con la tendencia del conservadurismo moderno en Latinoamérica relacionada con la elección de Pedro Pablo Kuczynski,​​ se realizaron eventos para reivindicar la postura tradicionalista en la educación como la marcha de Con mis hijos no te metas (un movimiento ciudadano apoyado por Conapfam, cuyo fundador negó transformarlo en partido político).​​ Con centenas de miles de personas en las movilizaciones,​ algunas de sus posturas políticas fueron motivadas por el neopentecostalismo,​​ cuyos integrantes de la Alianza Cristiana y Misionera posteriormente se encontraron con congresistas de bancadas antiprogresistas.​ La entonces videpresidenta de Kuczynski, Mercedes Aráoz, luego de la censura de ministros de Educación por congresistas del fujimorismo y afines, criticó a «un grupo ultraconservador con algunas ideas que la verdad ya no corresponden al siglo XXI».​

El movimiento profamilia estuvo influenciado por Fuerza Popular, según Perú 21 los simpatizantes religiosos fueron el bolso de votos para su representación parlamentaria.​ Es tal su influencia, que el decano El Comercio señaló la obtención por lo menos dos escaños parlamentarios en 2019 por algunos representantes del movimiento;​ mientras La República vaticinó que el evangélico Alejandro Muñante, momentáneamente vocero de Con mis hijos no te metas y opositor de «quitar a Dios de la política», participaría en el siguiente periodo parlamentario,​ la cual ingresó en la elección de 2021 bajo Renovación Popular. El sociólogo y exministro Pérez Guadalupe denominó como el fenómeno de «las facciones evangélicas».​ El activismo conservador se mantuvo en marcha cuando el Colectivo Unidad, formado por cristianos interesados en participar temas políticos, organizó su primera cubre iberoamericana provida en 2020, con el apoyo de la Universidad de San Martín de Porres y políticos notables como Rafael López Aliaga y Hernando de Soto.​

La elección de algunos conservadores religiosos el Parlamento permitieron concretar medidas contra el enfoque de género,​ bajo un nuevo bloque parlamentario denominado «Por la vida y la familia»;​ cuya vehemencia fue mayor en el 2023, al ocurrir diferentes sucesos más allá de instaurar la agenda provida. El caso más notable fue el de los baños inclusivos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que fueron denunciados por el congresista evangélico Alejandro Muñante,​ de Renovación Popular, a partir de un vídeo compartido en TikTok por una persona que se define como politóloga cristiana.​ El resultado fue que Ositrán solicitara moderar los carteles de baños inclusivos propuestos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, bajo la premisa de «no confundir a los usuarios».​ Esta medida fue rechazada por la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD), órgano adscrito al Ministerio de Justicia, debido a que el uso de baños inclusivo contó con el respaldo normativo constitucional e internacional.​ Meses después, su colega Jorge Montoya elaboró un proyecto de ley para eliminar los carteles a todo país por supuestamente riesgo la privacidad y la integridad de las mujeres y las niñas.​

Otros casos permitidos por el Parlamento fue que una representante de la bancada de Renovación Popular (que mostró una postura contraria de pintar a Rosa de Lima, icónica santa católica, con la bandera LGBT)​ consiguiera aprobar la eliminación del lenguaje inclusivo bajo la excusa de «generar confusión básica regular»,​ postura que la señalada persona animó a «estudiar en nuestra lengua natural».​ En otro orden de cosas, luego de la creación del Observatorio Nacional para la Vigilancia del Recién Nacido​ y como una aparente estrategia contra la «[destrucción de] la integridad de la familia», la parlamentaria María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) propuso como requisito para el matrimonio civil a los exámenes psicológicos.​ Por último, Muñante de Renovación Popular propuso un proyecto de ley para eliminar la paridad y alternancia cree que le resta la oportunidad hacia «aquellos que realmente quieren hacerlo con un verdadero compromiso».​

Sobre el impacto de las políticas fundamentalistas parlamentarias, el analista Alejandro Boyco verificó para RPP que tras asumir la presidencia de las comisiones de Educación, Mujer y Salud el movimiento tomó «más allá del conservadurismo [...] una agenda antiderechos, que va contraria a todos los estándares de derechos humanos internacionales»; algunas de ellas están relacionadas al matrimonio infantil y el patriarcado.​ Además, la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, señaló que más allá de algunos parlamentarios hay una «fuerte cultura machista en nuestro país».​

Al igual que ocurrió en congregaciones católicas, no todos los movimientos afiliados al fujimorismo o similares se negaron a desarrollar políticas a favor de los derechos humanos, tal como ocurrieron en los años 1990 con las asociaciones del entonces Concilio Nacional Evangélico del Perú.​ Para finales de la década de 2010, se presenció una nueva separación de ese movimiento cuando la Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, que agrupa a iglesias independientes en el país, se enfocó en atender problemas de la sociedad en lugar de prevalecer ideas afines al creciente «contramovimiento religioso conservador».​

Posturas

Neoliberalismo y la economía en torno al lucro

Aquí la «ideología neoliberal» es simplemente una coartada, una excusa de un grupo (en referencia a la alianza de partidos políticos con el Foro Madrid y similares). En realidad de una «argolla», cuya representación pública es una congresista que cree que el Grupo de San Paulo (sic) quiere dominar el mundo, que lo peor son las feministas, las llamadas abortistas, los comunistas y hasta los liberales auténticos, para terminar con un pluralismo abierto, con una nueva convivencia basada en la interculturalidad y en compartir una misma patria de iguales. Por eso proponen una abierta política [de] exclusión. [...] [Porque las demás culturas] son un «mal ejemplo». —El investigador Alberto Adrianzén resume la «ideología neoliberal» en una columna del seminario El Búho de Arequipa​

Dentro de la historia del país, el historiador Franklin Pease García Yrigoyen señaló que la tendencia conservadora mantuvo los principios colonialistas al Estado desde que este se ha independizado de los españoles; por ejemplo, de ser un «productor del bien público y de la bonanza económica» con apoyo de comerciantes extranjeros.​ En el siglo XXI la tendencia conservadora sugirió al neoliberalismo como una corriente positiva por su particularidad en obtener recursos a cambio de generar megaobras.​

Las políticas del consenso neoliberal fueron aplicadas en los años 1980​ definitivamente efectivas con el Fujishock, luego de las propuestas económicas recibidas desde Washington hacia América Latina, las que estuvieron fuertemente relacionadas desde entonces.​ A su adaptación local, en que muchas de las medidas se asemejaron al Plan Verde que elaboraron mandos militares en los años 1980, se le apodó como el «neoliberalismo criollo».​ Esta adaptación cuenta con el apoyo de la élite económica y parte de la clase media, cuyos partidarios abogan por la desregulación, la privatización y la eliminación de los programas sociales;​​​ además, que se modifica el compromiso social en sectores mayormente rurales con un enfoque más individualista, siendo el movimiento cooperativo que dejó la primera reforma agraria reemplazada por empresas que buscan ofrecer tales enfoques.​

Este toma conceptos clásicos de la ideología; donde sostiene a una comunidad política conformada por individuos (sean empresarios o integrantes de gremios) que «deben enriquecerse» para encontrar el progreso de los peruanos, y así ganar su liderazgo en la toma de decisiones del país.​ Esta ideología intentó extender otros sectores sociales del país a modo de promesas.​

Especialistas como Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch catalogaron a la visión de Hernando de Soto, fundador de la corriente neoliberal en el país, «neoconservadora» por naturaleza, debido los derechos que aplicarían a los trabajadores en condición de informalidad (una de más grandes en el precario sistema laboral del país).​ Con el tiempo, bajo un desempeño deficiente de los gobiernos sucesores,​ este sistema estuvo muy propensa a la corrupción (tal como ocurrió en el segundo gobierno de Belaúnde),​ con muchos peruanos experimentando servicios básicos insuficientes como educación, justicia y seguridad.​​

El neoliberalismo de la constitución de 1993, influenciado bajo el neopopulismo de Fujimori,​ fue el primer inicio para fomentar políticas más inclusivas; sin embargo, en la práctica no fue así.​ La falta de intervención estatal promovida por el Consenso alejó los planes de una democracia liberal idealizada,​ ya que la corriente neoliberal continuó luego del régimen autoritario de Fujimori.​

La instrucción académica bajo el modelo neoliberal de Fujimori permitió la docencia del sector privado,​ algo que se impidió con la Constitución de 1979.​ Un rasgo importante de este modelo es la «promoción de la inversión en educación» (a partir de una norma legislativa publicada en 1996),​ que solía ligarse de la mercantilización, limitando el conocimiento en algunos sectores con bajo poder adquisitivo.​ El educador Juan Rivera Palomino justificó que el objetivo de la reforma fue de «preparar, entrenar alumnos idóneos, eficientes, competentes y competitivos en la aplicación de conocimientos a situaciones problemáticas para que desarrolle competencias con miras al mundo laboral, al empleo y al mercado como sostienen los técnicos de la OCDE y los del Banco Mundial».​

Ecología

Al igual que en el virreinato, la degradación ambiental continuó en el Perú debido a la permisividad del Estado para obtener un mayor crecimiento por medio de mecanismos extractivistas.​ Gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García (segundo mandato) aprovecharon en la extracción de recursos,​ este último con posturas exclusivistas.​ En los años 2020, a causa del conservadurismo de sus representantes, el Congreso se negó a ratificar el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales, argumentando que violaría la soberanía de Perú e interferiría con la economía.​ Esta postura se complementó con iniciativas para vulnerar a zonas donde están protegidas por la norma de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Contacto Inicial;​ sin seguir la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas de realizar una consulta previa.​

La degradación se debió a la carencia de protección de los pueblos indígenas,​ en que el neoliberalismo del gobierno de Fujimori y posteriores permanecieron débiles sus derechos.​ Aférreos a la doctrina neoliberal suelen desprestigiar propuestas alternativas a la extracción estar aparentemente ideologizadas,​ propuestas que fueron concretándose en movimientos sociales.​ Sin embargo, las empresas tuvieron diferente mismo peso con quienes estuvieron en contra de los en la sierra y selva del país, que agrupa a la izquierda peruana.​

En el ámbito religioso, grupos de menonitas llegaron al Perú fueron uno de los casos de esa presencia que recurrió en los cultivos mientras evadía las restricciones que tenían en sus residencias de origen, entre ellos a Bolivia.​ Algunos terrenos, como ocurrieron en el departamento de Ucayali, fueron titulados irregularmente por una municipalidad.​ Por el lado opuesto, el Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines señaló que se buscaron crear convenios para evitar la sobrepresencia empresarial en el entorno ecológico como fue la Coordinadora Binacional de la Nacionalidad Achuar del Ecuador y Perú, que estuvo involucrados movimientos católicos y evangélicos.​ La participación de la Iglesia católica tuvo importancia con el tiempo, cuando se involucró en conflictos con instalaciones de extracción de recursos.​

Educación religiosa y tradicionalista

La educación es uno de los tópicos relevantes en el tratamiento conservador desde que se busca tomar valores de patriotismo en los textos escolares cuando surgió la independencia en 1821.​ Uno de ellos es la formación de la educación religiosa, establecida en la Constitución de 1823, cuyo artículo 10 señaló su intención de promover la «civilización y conversión de los infieles conforme al espíritu del Evangelio».​ Producto de su alianza con la Santa Sede en 1980, a pesar de que ya no es obligatoria en el sistema educativo nacional aunque sí la «ética y cívica» de la Constitución de 1979,​ la doctrina católica prevaleció en la Constitución de 1993.​ En el ámbito universitario siempre se formó una corriente tradicionalista, limitada por grupos de élite social y académico,​ y que se mantuvo vigente con la contrarreforma universitaria de 2021-2022.​

Un ejemplo de la carencia progresista proveniente de la etapa educación neoliberal, instaurada por Fujimori, corresponde al análisis de la Universidad de Tarapacá a los libros de historia ofrecidos en escuelas públicas entre 2010 y 2017, editados por varias editoriales como Santillana y Norma, que identificó falencias en la currícula como el centralismo y la ausencia de la participación de la mujer en la etapa de la independencia peruana.​ Para cubrir la carencia existieron dos iniciativas por parte de ministros de Educación que estuvieron en la mira conservadora: ocurrieron con plan de descentralización en el gobierno de Ollanta Humala (en 2012)​ y la currícula de enfoque de género de Pedro Pablo Kuczynski (en 2017), esta última rechazada por evangélicos, católicos y fujimoristas.​

En los años 2020, el sector conservador a mando de Esdras Medina tomó control de la Comisión de Educación del Congreso de la República.​ El resultado fue que en 2022, los grupos tuvieran el derecho de tomar textos educativos que consideren ofensivos;​ mientras que en 2023 se estableció controlar los actos del sector educativo por propuesta de Renovación Popular.​ Analistas como Carla Gamberini Coz señalaron que la imposición no es compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el Perú acordó en su momento, al eliminar la participación plural en tocar temas sobre sexual integral, interculturalidad, enfoque de género, entre otros.​

Oposición con ideas progresistas

Izquierda caviar

Esta sección es un extracto de Mafia caviar.[editar]

El término «caviar» es recurrente en algunos medios de comunicación como Willax Televisión. En esta imagen del programa Contracorriente, se cita un fragmento del periodista Marco Sifuentes, de la La Encerrona. El programa sugiere que las opiniones de Sifuentes contrastan con la narrativa conservadora en Perú y, por tanto, son etiquetadas como «fake news».​

La expresión «mafia caviar»,​ simplemente llamada «caviar»,​ es un peyorativo de uso recurrente en la política de Perú desde inicios del siglo XXI.​ Se basa en una teoría de conspiración​ —mayormente aludida a los espectros de izquierda, que se extendió al centro​ y afines a lo liberal—,​ según la cual existiría una «mafia» de intelectuales, ONG pro derechos humanos,​ medios de comunicación y políticos organizada para controlar el gobierno e impulsar una agenda de corte progresista en el Perú.​

Este término es utilizado por políticos populistas tanto de derecha​ como de izquierda.​ En el caso primero, se extiende a las corrientes conservadoras modernas (véase neoliberalismo en el Perú)​ y se recurre en medios de comunicación como PBO Radio​ y el canal Willax, que destaca por sus programas de opinión como La hora caviar con Mariátegui y Beto a saber.​ Este peyorativo se representa, según analistas, como una manifestación local del concepto de «marxismo cultural».​ En el ámbito de la izquierda, mientras tanto, los políticos adoptaron el calificativo para distanciarse de posturas moderadas o progresistas que califican como afines al imperialismo y «serviles» a la USAID.​​​​

En su sentido literal, la expresión fue empleada por algunos periodistas para referirse a los simpatizantes de izquierda burguesa que emergieron durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado.​  Sin embargo, el periodista Juan Gargurevich sostiene que el término ya se utilizaba a mediados del siglo XX con un sentido crítico hacia las personas que adoptaban ideas sociales liberales de forma superficial, una situación similar a la que se atribuye a la llamada «izquierda caviar». Esta interpretación, distorsionada a partir de su origen francoparlante, se utiliza como una forma de descalificar a quienes sostienen ideas progresistas sin argumentos sólidos.​

Tras la llegada de Valentín Paniagua, y en consonancia con facciones progresistas del antifujimorismo,​ el término peyorativo se consolidó en el imaginario colectivo peruano como una forma de identificar a Paniagua y a otros partidarios de ideas liberales y progresistas.​ Este imaginario tuvo un gran impacto mediático y se convirtió en un tema de debate en el ámbito político.​ Sin embargo, el analista del conservadurismo, Fernán Altuve, señaló que el imaginario ocurrió tiempo después, con Alan García, quien quiso combatir las ideas del gobierno de transición de Paniagua (también citado por detractores como la «república caviar»).​ Algunas de las personas aludidas por esta expresión reivindicaron su pertenencia a este grupo, desmitificando su carácter ofensivo.​​ Entre ellas, cabe destacar al periodista César Hildebrandt.​

El sociólogo Martín Tanaka analizó la magnitud del término en los políticos que lo usan. En 2007, el fujimorismo buscó colaborar de forma «natural» con el oficialismo, bajo el mandato de Alan García, porque «se [consideraron] adversarios a las ONG​ y a la "izquierda caviar", que [desconfiaron] de la Corte IDH y de la causa de los derechos humanos».​ En el año 2023, la mayoría de los políticos conservadores, de derecha e izquierda, adoptaron el término para detectar y prevenir cualquier interacción con instituciones ajenas, incluso si estas instituciones llevaran a cabo investigaciones delictivas hacia ellos.​

Terruqueo

Esta sección es un extracto de Terruqueo.[editar]

Pancarta durante la marcha por el 8M de 2024 en Lima.

El terruqueo es una práctica política y social utilizada mayoritariamente por sectores conservadores y de la derecha peruana en general que consiste en acusar a algún adversario, que tiene propuestas de izquierda o es disidente del establishment y el statu quo neoliberal,​​​​ de tener comportamientos o ideas denominadas «terroristas», de realizar apología del terrorismo o de ser partidario o militante de los grupos armados Sendero Luminoso o el MRTA, con el fin de desprestigiar al oponente o que su discurso se vea invalidado.​​ El término se complementa con la palabra «caviar», de uso local por parte de los grupos de derecha en Perú.​

Es considerada una estrategia política a través de la cual se utiliza el miedo al terrorismo para obtener beneficios políticos,​​​​​ con el fin de anular cualquier espacio de debate o pluralidad política dentro de un Estado democrático.​​ Asimismo, también es empleada por algunos medios de comunicación de Lima para criminalizar la protesta social en el país.​​ Su magnitud es tal que varios especialistas de la ONU condenaron su uso y declararon públicamente que era una táctica de intimidación empleada por el gobierno peruano.​​

El término se ha expandido a otros lugares, como en España, donde la práctica es habitual pero no tenía una denominación clara.​ Un ejemplo ocurre con el Foro de Madrid, una alianza política entre varios partidos políticos y organizaciones de derecha radical en Latinoamérica y España, cuyos detractores acusaron a los miembros de la primera de «[promover] el odio, la discriminación y el terruqueo a nivel internacional» en una sesión de conferencias que tuvo lugar en Lima en 2023.​ En Colombia también existe este fenómeno, en el contexto del conflicto armado interno que se vive en ese país desde la década de 1960. A pesar de que no se usa el término «terruqueo», los grupos de derecha tildan de «guerrillero» a todo partidario de izquierda o a cualquier persona que se opusiera de alguna forma a la clase social y política dominante con el fin de descalificar la crítica social.

Medios de comunicación

Véase también: Influencia de la prensa de Lima en la opinión pública

Se demostró que las organizaciones de medios de Perú tienen control de la esfera pública, cuyos propietarios son familias ricas que controlan gran parte de los medios e influyen en las decisiones de la nación para servir a sus intereses económicos.​​​ Los principales medios de comunicación del Perú suelen ser económica y políticamente conservadores.​

El Grupo El Comercio es el conglomerado de medios más grande de Perú y uno de los más grandes de América del Sur, posee el 80 % de los periódicos, recibe el 65 % de los lectores en línea y genera el 57 % de los ingresos entre las organizaciones de medios más grandes de Perú.​​​​ Aunque inicialmente se opusieron a la familia Fujimori en otros casos, especialmente contra Alberto Fujimori,​​ el diario El Comercio y otras marcas de la corporación inclinaron su postura a candidatos políticos afines a la derecha, incluidos el presidente Alan García, Lourdes Flores y Keiko Fujimori.​​ También se percató que el diario tuvo menos cobertura en temas de terrorismo, a diferencia de su rival La República.​

En la cultura popular

«Derecha bruta y achorada»

El periodista Juan Carlos Tafur acuñó en 2010 el término «derecha bruta y achorada» en su columna de Diario 16​ y posteriormente en La República.​ El neologismo tomó el peruanismo «achorada», peyorativo de beligerante,​ que se originó en las ideas sociales del maquiavelismo y la mercantilización dentro de Perú.​ Dicho término se concibió al sector de este espectro con intereses particulares.​​ Si bien Álvarez Rodrich define como el segmento «conservador» de la política,​ el término es vinculado como «extrema derecha»,​​​ «autoritaria»,​​ y una contraparte de «izquierda caviar» o «terruca».​​​

Si bien en 2020, Tafur señaló, a partir de un informe de Ipsos, que hay «un 28% se considera conservador y un 37% semiconservador»;​ en 2021, en su columna de Sudaca, ejemplificó a un representante cercano de la DBA al empresario Rafael López Aliaga.​ El seminario Hildebrandt en sus trece ejemplificó el concepto cuando políticos, exmilitares y una think tank (Atlas) se han involucrado en una campaña reaccionaria contra Pedro Castilo.​

Véase también

• Centralismo en Perú
• Ola conservadora
• Fujimorismo
• Liberalismo y conservadurismo en América Latina

Bibliografía

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• Datos: Q118906481