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Guerra sucia en el Perú

En el Perú, el concepto de 'guerra sucia' puede entenderse de dos maneras: como acciones de represión militar o como el conjunto de operaciones clandestinas ejecutadas durante la década de 1980 e inicios de los años 90, en la epoca del terrorismo.

Durante el periodo de 1980-1989, los gobiernos civiles de Belaúnde Terry (1980-1985) y Alan García (1985-1990) se caracterizaron por limitarse a dictar órdenes de represión militar como medidas provisionales para velar por el orden interno ante la amenaza subversiva​del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Medidas que resultaron en aproximadamente 5,147 de muertos y fallecidos, atribuibles al Estado y a las fuerzas contrasubversivas​.

Fue recién con el primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995) que se implementó una política coherente antisubversiva para derrotar al terrorismo​con especial énfasis en las labores de inteligencia, la cual se tradujo en la disminución del número de desapariciones y asesinatos por parte de las fuerzas del orden, así como en las capturas de los cabecillas subversivos: Víctor Polay Campos y Abimael Guzmán en 1992, aunque ambos fueron capturados por la Dirección contra el Terrorismo (DINCOTE), una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP). No obstante, de forma paralela, el gobierno de Alberto Fujimori también autorizó una estrategia contrasubversiva clandestina, elaborada en colaboración con altos mandos militares y dirigida desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) por Vladimiro Montesinos​, la cual consistió en la creación de un destacamento paramilitar destinado a realizar operaciones en contra de personas sospechas de subversión y de enemigos ideológicos del régimen​. El grupo sería el denominado Grupo Colina, un escuadrón paramilitar implicado en numerosas acciones de violaciones de derechos humanos, entre ellas las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Conceptualización

Se han utilizado diversos términos para estudiar y describir la represión interna perpetrada por las dictaduras militares y gobiernos civiles de Centroamérica y Sudamérica durante la segunda mitad del siglo XX: guerra sucia, guerra de baja intensidad y terrorismo de Estado.

Guerra sucia

En una definición general, el concepto alude al conjunto de acciones practicadas al margen de la legalidad por un Estado en un enfrentamiento contra grupos políticos disidentes y opositores en un país determinado​. Generalmente, ha sido utilizado para describir el patrón general de represión sistemática de los derechos humanos por parte de gobiernos civiles o dictaduras militares contra la disidencia interna durante la década de los 60 hasta finales de la década de los 90​. Se caracteriza por ser un método que utiliza operaciones encubiertas, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos​ por actores pertenecientes a las fuerzas militares, policiales y paramilitares en base a concepciones e interpretaciones de los servicios de inteligencia e información de un Estado. Por lo que se forma, generalmente, una red de afinidades y complicidades entre cuadros de inteligencia e información, de un lado, y las ramas operativas (fuerzas del orden o grupos paramilitares) de la represión,tortura, desaparición y homicidio, del otro​. Al mismo tiempo, si bien la guerra sucia es clandestina, eso no significa que sea un fenómeno silencioso. La guerra sucia también se desarrolla a nivel de los discursos públicos gubernamentales. Aunque no se ofrezcan nombres, número ni detalles de los crímenes, se insinúa, aluden, sugieren o advierten lo que pasa y pasará​.

Un ejemplo de lo anterior mencionado sucedió con el grupo paramilitar Alianza Americana Anticomunista (AAA). En la década de 1970, el gobierno civil de Julio César Turbay Ayala aprobó el Estatuto de Seguridad Nacional mediante el Decreto 1923 de 1978 para combatir a los grupos guerrilleros de aquel entonces como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Movimiento 19 de abril (M-19). El documento aprobado otorgó a las fuerzas militares y policiales amplias facultades judiciales para actuar contra presuntos subversivos. Esto trajo como consecuencia detenciones masivas, el uso sistemático de la tortura, juicios sin garantías procesales, restricciones a las libertades fundamentales, etc.​Asimismo, se criminalizó toda forma de oposición política y toda manifestación de protesta social, lo que afectó el ejercicio normal de derechos inalienables como los de reunión, sindicalización y libertad de expresión, al asociar estas actividades con la subversión​.

En ese contexto surgió la Alianza Americana Anticomunista (AAA), un grupo clandestino paramilitar creado por miembros del Ejército Nacional de Colombia, particularmente del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI), y algunos sectores del servicio de inteligencia militar del ejército colombiano​. El grupo tuvo como objetivo la desaparición y asesinato de opositores políticos, así como a críticos del Estatuto de Seguridad Nacional. Algunos de sus crímenes fueron los atentados dinamiteros contra sedes políticas de izquierda y a medios de información críticos con la política represiva del gobierno, así como el asesinato de Manuel Martínez Quiroz, ex preso político y dirigente fundador del Ejercito de Liberación Nacional (ELN)​.

Guerra de baja intensidad

En relación al concepto de guerra de baja intensidad (GBI), este se refiere a una estrategia militar de origen estadounidense destinada a contrarrestar el expansionismo del comunismo en los países del Tercer Mundo. Además, como parte de esta estrategia, se implementaron políticas exteriores en el plano económico y político, orientadas a consolidar la hegemonía política, ideológica y económica de los Estados Unidos​.

La intensidad de la GBI puede llegar a ser baja, pero de duración prolongada. Por otro lado, esta estrategia puede incluir diplomacia coercitiva, operaciones psicológicas, insurgencia, guerra de guerrillas, actividades contraterroristas y despliegues militares o paramilitares. Debido al empleo frecuente de tácticas no convencionales, el éxito en la GBI no se mide en términos convencionales, como la fuerza de las armas, sino por su capacidad de prevenir de ciertos resultados o de modificar el comportamiento de un grupo objetivo​.

Un caso de aplicación de la GBI fue en México durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-200). Según la investigadora Martha López, la GBI fue un recurso utilizado por el gobierno de Zedillo para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a otros sectores revolucionarios bajo el uso “ilimitado” de la fuerza. Entre algunas de las características del GBI implementado en México fueron que tuvo un alcance nacional debido a su desarrollo en varios frentes del país con objetivos precisos: el EZLN, la iglesia de los pobres, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), las organizaciones campesinas independientes, algunas ONG y contra el narcotráfico. Por otro lado, el gobierno mexicano recibió el apoyo económico, militar y político de los Estados Unidos con el objetivo de proteger el TLC firmado entre ambos países​.

Terrorismo de estado

A modo general, se conoce como terrorismo de Estado al conjunto de prácticas y discursos políticos violentos, de naturaleza legal o extralegal, cuyo objetivo es controlar las poblaciones mediante la difusión del miedo, el terror, la represión de la oposición y la inducción de comportamientos pasivos en las esferas pública y privada al interior de un país​.

El terrorismo de Estado en los estudios centroamericanos y latinoamericanos están relacionados con la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) por las dictaduras militares durante la segunda mitad del siglo XX. Para el caso latinoamericano, la aplicación de la doctrina se materializó con el denominado Plan Cóndor, a través del cual se utilizaron métodos como desapariciones forzadas, torturas y asesinatos selectivos contra el enemigo interno (movimientos de izquierda y opositores politices) sean de carácter civil o militar​. Fueron las dictaduras militares de Argentina, Chile y Uruguay donde el plan Cóndor fue aplicado con una mayor intensidad a comparación de Brasil, Bolivia y Paraguay​. En cada uno de ellos, los métodos de represión fueron distintos: Argentina se caracterizó por la desaparición forzada de personas y el uso de la clandestinidad (fuerzas armadas y grupos parapoliciales), Chile por las ejecuciones extrajudiciales y Uruguay por el encarcelamiento político en condiciones infrahumanas​.

Otra investigación sobre la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur, es la de Jorge Tapia, quien identifica tres tácticas utilizadas por los regímenes militares para implantar el terror. La primera de ellas fue la imposición del enemigo interno en el sistema social y la necesidad de la guerra permanente para enfrentarlo, lo cual facilitó el control policial de la población, el uso discrecional de la fuerza pública y el recorte de las libertades y derechos individuales y colectivos. En segundo lugar, bajo un rótulo adoctrinador, el gobierno se encargó de la internalización de sus principios y metas por parte de la población y crear una atmósfera en que la crítica u oposición fueran consideradas como conductas desviadas, anti-patrióticas u hostiles. Y por último, el gobierno se encargó de satisfacer los intereses de los grupos nacionales e internacionales, aliados o cercanos al régimen​.

Interpretaciones sobre el caso peruano

Si bien no existe una terminología oficial en consenso para clasificar los excesos cometidos desde 1980 hasta los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori, el concepto 'guerra sucia' ha sido el más utilizado en comparación con términos como 'guerra de baja intensidad' y 'terrorismo de Estado'. De este modo, el concepto de guerra sucia tiene un significado diferente para los actores armados involucrados en el conflicto (Fuerzas Armadas, grupo Colina, grupos subversivos), las autoridades judiciales y la academia nacional e internacional. Cada uno de estos actores, a partir de sus interpretaciones, presenta una postura diferente sobre el tema.

Actores armados

Estado y fuerzas contrasubversivas

Ejército peruano

Las Fuerzas Armadas rechazan la implementación de métodos fuera del marco legal y la sistematización de la violencia en la institución militar en su lucha contra el terrorismo. Todo abuso y exceso cometidos habría sido consecuencia de actos individuales por uniformados que no siguieron los reglamentos ni los planes del comando militar​.

En el libro oficial del Ejército peruano, titulado En honor a la verdad, específicamente en el capítulo X Comprensión y Viraje de la Guerra, se detalla y explica el manual utilizado para combatir a las fuerzas subversivas a inicios de la década de los 90: Plan de Campaña para la Contrasubversión en el periodo 1990-1995​. Una nueva estrategia surgida en un escenario adverso para las Fuerzas Armadas. Desde 1980 hasta 1989, el Ejército tuvo que lidiar con el problema del terrorismo con escaso apoyo del Ejecutivo y la clase politica, expresado en la ausencia de políticas claras y de orientación estratégica​. Asimismo, la poca efectividad de la estrategia de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa​, producto de la incomprensión del Ejército al fenómeno senderista, trajeron consigo la escalada de la violencia y el arrinconamiento de las fuerzas del orden​.

Frente a este contexto, las Fuerzas Armadas decidieron reorganizarse y elaborar por cuenta propia una nueva estrategia contra la subversión basada en la consolidación de las rondas campesinas y las labores de inteligencia. Desde 1985 hasta 1989, el Ejército decidió reforzar a las rondas campesinas con el otorgamiento de armamento y distribuirlas en el terreno en unidades más pequeñas y mejor repartidas para hacer frente a la amenaza terrorista. A su vez, se empezó a estudiar a profundidad el maoísmo y los documentos senderistas requisados en operaciones de capturas​. Todas las acciones realizadas y la información recopilada por parte del Ejército en esos años sirvieron para que en 1989 se formulara una nueva estrategia contra la subversión interna, la cual se consolidó en el gobierno de Alberto Fujimori.

La nueva estrategia, Plan de Campaña para la Contrasubversión en el periodo 1990-1995, fue asumida por el nuevo gobierno y contemplaba tres objetivos estratégicos: la destrucción de los núcleos armados, la obtención y mantenimiento del apoyo de la población, y el fortalecimiento de la moral y mejoramiento constante de la preparación de las fuerzas del orden. El nuevo marco de acción del Ejército y las demás fuerzas involucradas tuvo un carácter nacional y tenía consideración por el Estado de derecho y los derechos fundamentales de la persona​. Con estos nuevos fundamentos, el Ejército dio prioridad al trabajo de inteligencia por encima de los antiguos métodos, caracterizados por el uso excesivo de la violencia. Por lo que el uso de elementos de guerra de baja intensidad, guerra sucia u otro procedimiento que estuviera fuera del margen de la legalidad y el nuevo manual estaban totalmente prohibidos.

"[...] La Fuerza Armada ganó esta lucha contra el terror. Fuimos el único país en el mundo que logro hacer eso empleando las estrategias que todos conocen [...] No hubo una estrategia de guerra sucia en ningún momento, lo que han habido son excesos [...] Cuando son excesos de la Fuerza Armada lo comete alguna organización de la Fuerza Armada, alguna persona que integra una organización de la Fuerza Armada [...] Acá hubieron desquiciados que se les fue de las manos el tema. Totalmente condenable, eso nadie lo avala, pero fue un exceso. No hubo una política de guerra sucia en ningún momento de la lucha contra el terrorismo. Sí hubieron excesos. Todo el mundo lo sabe y lo reconoce. Y a medida que se fue avanzando en esta lucha, estos excesos fueron minimizándose [...]"​ Jorge Montoya Manrique Ex presidente conjunto de las Fuerzas Armadas

Grupo Colina

Según palabras de Santiago Martín Rivas, líder del grupo Colina, los operativos clandestinos hechos al margen de la legalidad fueron, a pesar de sus excesos, una medida necesaria para enfrentar y derrotar al terrorismo en el contexto crítico de los años 90.

Para finales de 1989, el gobierno de Alan García dejaba al país en una profunda crisis económica y social, con una tasa de inflación de 2 775%​ y con 3471 de familias desplazadas​, y de seguridad interna, con 65 provincias y un distrito en estado de emergencia​.  Por su parte, el terrorismo, al momento del relevo en el gobierno, empezó a desplazar su ofensiva del campo a la capital como parte de la tesis del “equilibrio estratégico” impuesto por Abimael Guzmán en 1991. Según la teoría del cabecilla del PCP-SL, la guerra había entrado a una fase de equilibrio de fuerzas entre el PCP-SL y el Estado peruano, por lo que era el momento de buscar el desenlace de la guerra revolucionaria en Lima y apoderarse del poder estatal mediante el incremento de la violencia y la magnitud de los atentados​.

En medio de ese escenario crítico, el Ejército redactó un nuevo manual de lucha contra la subversión llamado Plan de Campaña para la Contrasubversión en el periodo 1990-1995. Sin embargo, de forma paralela, el SIN, bajo el mando de Vladimiro Montesinos, formó sus propios destacamentos de combate fuera del margen de la legalidad y del lineamiento militar, uno de ellos sería el denominado Grupo Colina​.  

Según declaraciones de Carlos Pichilingue, subjefe del grupo Colina, en junio de 1991 se aprobó la implementación de la estrategia de guerra de baja intensidad. Esta decisión fue adoptada durante una mesa redonda organizada por el comandante general del Ejército, Pedro Villanueva Valdivia. En esa reunión, Martín Rivas expuso ante los altos mandos militares la necesidad de modificar la estrategia de combate: enfrentar al enemigo mediante el uso de sus propios métodos. El objetivo principal a lograr era el restablecimiento del principio de autoridad que el Estado peruano había perdido en los gobiernos anteriores y garantizar su supervivencia frente a las amenazas del terrorismo​.

Tras un extenso debate, los presentes acordaron de manera unánime enfrentar al terrorismo mediante la guerra clandestina. Por cada atentado o asesinato perpetrado por Sendero Luminoso, se respondería con violencia. Esto con la finalidad de generar inseguridad y temor en los miembros de la organización terrorista antes de que pudieran ejecutar atentados contra las fuerzas del orden y la población civil. Asimismo, se estableció que todas las operaciones contarían con el respaldo unánime de los altos mandos y estarían bajo estricto secreto​.

La nueva estrategia aprobada, según Martin Rivas, no solo se redujo a responder con violencia a los subversivos, también implicaba un intercambio de mensajes ocultos con objetivos distintos: la generación de mística en las fuerzas del orden y la desmoralización de los subversivos​. Es así que las masacres en el penal de Castro Castro (Operación Mudanza 1), Barrios Altos y La Cantuta guardaron detrás de si mensajes ocultos.

La Operación Mudanza 1, además de estar orientada a eliminar a los miembros capturados del Comité Central del PCP-SL y capturar con vida a Osman Morote, tenía como propósito enviar un mensaje a Abimael Guzmán y la cúpula senderista:

“Estamos en guerra total, así como me tumbas a mis cuadros más altos, te volteo a tus históricos, a tu columna vertebral, pero dejo vivo a tu disidente; Morote es ahora mi amigo”​

De igual forma, el recorrido del presidente Fujimori entre los prisioneros senderistas, quienes permanecían tendidos boca abajo con las manos en la nuca al ser recuperado el penal, representó, según Martín Rivas, un acto final característico de una guerra no convencional, cuyo mensaje para el enemigo era el siguiente:

“La autoridad vuelve al gobernante, ya empecé a luchar y a derrotarte. Acabé con tu Luminosa Trinchera de Combate”​

En cuanto a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ambas fueron ejecutadas como represalias contra terroristas que, según las labores de inteligencia, habían participado en atentados.

El operativo Barrios Altos fue una venganza por el atentado a los Húsares de Junín en junio de 1989. Según las investigaciones, se llegó a determinó que la casona ubicada en el jirón Huanta operaba como un refugio senderista debido a su proximidad con locales aledaños de la Policía Nacional y porque en ella vivían heladeros y ambulantes, cubiertas habituales usadas  por Sendero Luminoso para realizar sus atentados​. La masacre no tuvo como objetivo la captura de terroristas, sino la transmisión de mensajes a Sendero:

“Te golpeo en el lugar en que te escondes […] ya no eres tan misterioso como antes, ya te ubicamos, ya te seguimos los pasos, ya sabemos por dónde caminas”

“Si aniquilas a mi gente, aniquilo a la tuya, no importa cuánto tiempo haya pasado, de aquí salieron y aquí se escondieron los que asesinaron a los Húsares y te lo hacemos saber para que te percates de que hagas lo que hagas, tarde o temprano, te vamos a encontrar y vamos a ser más duros que ustedes”

“Ya sabemos que las polladas y los heladeros son tus disfraces”​

El más importante de ellos fue uno dirigido al mismo Guzmán, a quien se le notificó que el nuevo presidente “no era igual que el anterior, que esta vez la cosa iba en serio y que lo pensara dos veces antes de atentar contra él o contra su entorno”​.

Una situación similar se produjo en el caso de La Cantuta. El servicio de Inteligencia detectó que los autores del atentado de la calle Tarata recibieron apoyo por parte de los estudiantes de la residencia estudiantil, la cual funcionaba como un refugio senderista​.

A pesar de que el operativo no fue ejecutado de manera eficiente por el general Perez Documet, y que dicho error permitió que el caso saliera a la luz, la operación dejó un mensaje al enemigo:

“No sigas porque te vamos a seguir persiguiendo, ya sabemos dónde te escondes y vamos a seguir volteando a tu gente”​

Por último, frente a los cuestionamientos sobre lo violento de la nueva estrategia adoptada, Martín Rivas señaló que todas las guerras eran injustas y tienen excesos de por medio:

“El problema es que la guerra es de por sí un exceso. Está hecha para matar. Esa es su miseria. Por eso no hay guerra limpia. Y es una contradicción hablar de guerra sucia. Toda guerra por definición es sucia”​

Del mismo modo, el uso de la violencia fue un medio necesario para prevenir actos terroristas, contrarrestar el fanatismo y evitar que la población se una a la causa subversiva del PCP-SL:

“Es verdad que la muerte, el repaso, la exposición de cadáveres no es algo ético, por supuesto, pero es un método de guerra que atemoriza al enemigo y a la población que quiera ayudar o sumarse. Al fanatismo solo se le puede controlar y combatir con los mismos métodos que utiliza, con la misma guerra clandestina. Lo contrario es darles ventaja. Y en el Perú, desde 1980, se les había dado esa ventaja”​

Grupos subversivos

PCP-Sendero Luminoso

Según el libro Memoria de una guerra. Perú 1980-2000, escrito por el periodista y miembro del PCP-SL, Luis Arce Borja, alias “Camarada Ramiro”, los militares y el Estado peruano aplicaron la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) en su lucha contrarrevolucionaria a favor de la protección del sistema, el Estado y los intereses de los grupos de poder​.

La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), al ser una doctrina norteamericana, es presentada como parte de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria impuesta por el Pentágono en América Latina. El uso de esta estrategia por parte de las dictaduras militares en la década de los 60 y por el ejército peruano en la lucha contrasubversiva demuestra no solo la hegemonía norteamericana en el continente, sino también la hegemonía del uso desmedido de la represión, el secuestro, la tortura y el asesinato como métodos para liquidar cualquier lucha o revuelta popular por parte de los gobiernos democráticos de la región​.

Es por ello que los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas desde 1982 no pueden ser considerados como eventos aislados. Por el contrario, estos actos reflejan la esencia de la doctrina militar de la época: el exterminio del enemigo subversivo y de la población, a la cual dominaba mediante la represión, el secuestro masivo de campesinos, las desapariciones forzadas, las torturas y las ejecuciones clandestinas. Una estrategia planificada para proteger la estabilidad del Estado a “cualquier precio” y que recibió el respaldo no solo del Gobierno, también contó con el apoyo de los partidos políticos, el parlamento, la iglesia y otras instituciones de la sociedad civil​. Y cuyo eje doctrinal se fundamentaba en el anticomunismo promovido por los manuales militares estadounidense de contrainsurgencia, los cuales planteaban el exterminio del elemento subversivo como método principal para enfrentar la insurgencia​.

Por último, el texto señala que todo cuestionamiento a la postura planteada es vista como partidaria de encubrir la violencia ejercida desde el Estado en el periodo de la guerra interna. De este modo, la teoría de los “excesos militares”, utilizada por comisiones investigadores y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, encubre el contenido doctrinal de la guerra sucia y la institucionalidad del crimen en las fuerzas armadas​.

Respecto a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y su Informe Final (CVR), el texto sostiene que la Comisión no cumplió con su propósito de investigar y esclarecer los crímenes y las violaciones de derechos humanos ocurridos entre 1980 y 2000. Por el contrario, prevaleció un criterio que justificaba los crímenes organizados desde el Estado y las fuerzas del orden, pues se le atribuía al PCP-SL la responsabilidad principal de las muertes durante la guerra interna. Una fórmula utilizada por las autoridades peruanas y de la administración de los Estados Unidos para exculpar a los militares y al gobierno de sus errores cometidos​.

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)

De acuerdo con la información recopilada de sus documentos y las declaraciones de algunos de sus miembros, el Estado peruano respaldó la implementación de una estrategia de 'guerra sucia' por parte de las Fuerzas Armadas ​durante los gobiernos de Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori en contra de la lucha armada revolucionaria​ y de las luchas del pueblo trabajador​.

Una estrategia de guerra que tuvo inicio en el gobierno de Belaúnde (1980-1985). Un gobierno que profundizó la política antinacional y antipopular de la dictadura militar del general Francisco Morales Bermúdez: puso la economía en manos de los banqueros y organismos internacionales; desnacionalizó la industria nacional; y continuó con las represiones contra los sindicatos​. A esto se le suma que frente al inicio de la lucha armada por parte del PCP-SL en 1980, el gobierno respondió con violencia. Es así que para Víctor Polay Campos, cabecilla de la organización terrorista MRTA, el gobierno de Belaúnde, mediante la guerra sucia o terrorismo de Estado, fue el primero que atentó contra los derechos humanos al aplicar una política sistemática de masacres, tortura y robos contra la población civil que consideraba sospechosa de colaborar con el PCP-SL​.

En medio de ese contexto, el MRTA decidió levantarse en armas en 1984 y exigir al gobierno las siguientes demandas: dejar de pagar la deuda externa, romper relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el aumento de salarios, el alto a la guerra sucia y sanciones contra los asesinos uniformados​. En palabras de Polay Campos:

"[...] nosotros nos levantamos en 1984 cuando ya había una guerra sucia, cuando la forma de hacer política en el país también estaba atravesada por hacerla con las armas. Y no podíamos dejarle el espacio a Sendero Luminoso que estaba imprimiendo un discurso, una propuesta que llevaba a la derrota, y que en ese terreno había que levantar una alternativa [y porque] En el Perú, por primera vez… en América Latina, que un gobierno democrático implantaba la guerra sucia"​

Sin embargo, cuando Alan García (1985-1990) fue elegido como presidente, el MRTA anunció la suspensión de sus acciones armadas al considerar que el pueblo había "depositado mayoritariamente su esperanza en el partido aprista"​. Es así que se buscó establecer conversaciones con el Gobierno, aunque bajo previo cumplimiento de las siguientes condiciones: una amnistía política general, el cese de la guerra sucia y sanción para los criminales de guerra, la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa, aumento de sueldos y salarios, reposición de los despedidos, etc.​Sin embargo, esta tregua finalizaría el 7 de agosto producto de la continuidad de la 'guerra sucia' por parte del gobierno aprista:

"la dirección del MRTA consideró [una decisión] correcta otorgar una tregua al gobierno, era una demostración de flexibilidad y disposición de diálogo para encontrar salidas a nuestra patria y evitar el baño de sangre; la respuesta fue negativa, la guerra sucia continuó y se fue agravando"​

La elección de Alberto Fujimori en 1990 en medio de un escenario caracterizado por el desprestigio de los partidos políticos y la ausencia de una alternativa coherente tanto en la izquierda legal (IU) como en la armada (PCP-SL)​, fue visto por el MRTA como una oportunidad favorable a su crecimiento y convertirse en un actor relevante en el conflicto​. Por ello, mediante un comunicado, el MRTA señaló que el gobierno entrante iba a continuar con la guerra sucia y que era representante de los grandes grupos de poder a nivel nacional e internacional:

"El candidato que ganó capitalizando el sentimiento de los pobres se está convirtiendo en el verdugo. Este gobierno solo representa los intereses de los grandes monopolios y el imperialismo y se propone llevar la guerra sucia a niveles aún más duros"​

Sin embargo, pese a lo anterior, el MRTA buscó establecer un diálogo con el gobierno entrante para explorar posibilidades de paz y evitar una guerra civil​. Para ello, el grupo retuvo sus actividades armadas y capturó al congresista Gerardo López Quiroz, vocero de Cambio 90, a quien se le ordenó llevar un mensaje al presidente de iniciar un diálogo entre las partes para evitar el enfrentamiento. Mensaje que no tuvo éxito debido a la postura de Fujimori, la cual planteaba que el único diálogo posible era previa rendición y entrega de armas​:

"Entonces nos quedó claro que cualquier diálogo o acuerdo sólo sería posible si lo imponíamos con nuestra fuerza político militar. Lo que no sabíamos es que Fujimori no tenía ningún interés en hacerlo, porque estaba preparando con Montesinos y las FF.AA. el golpe militar"​

Años después, el MRTA sufriría un revés importante con la captura de Víctor Polay Campos el 9 de junio de 1992 por un equipo de inteligencia de la Dirección Contra el Terrorismo (DINCOTE) de la Policía Nacional del Perú, la cual se tradujo en el debilitamiento de su capacidad operativa y la captura de varios de sus miembros en los próximos meses. Sin embargo, el 17 de diciembre de 1996, el ultimo dirigente nacional del MRTA en libertad, Néstor Cerpa Cartolini, tomó la residencia del embajador japones en Lima con 72 rehenes a los cuales mantuvo cautivos por 136 días. Finalmente, tras cuatro meses y medio de contactos y tensiones entre el gobierno y los secuestrados, el 22 de abril de 1997, las fuerzas armadas liberaron a los rehenes en la operación Chavín de Huantar. El asesinato de todos los subversivos al interior de la residencia significó el final de la organización terrorista.

Espacio académico y judicial

En el ámbito académico, autores como Anibal Quijano, Carlos Tapia, Gordon McCormick, José Manuel Camacho Delgado, Gonzalo Ghamio y Steve Stern utilizan el concepto de 'guerra sucia' para referirse a lo excesos cometidos por las fuerzas del orden durante la época del terrorismo en el Perú. Caso distinto en el Informe Final de la CVR, el cual utilizó el término 'guerra sucia' para referirse a las interpretaciones de varios sectores políticos a la respuesta de las fuerzas del orden y los excesos cometidos por el PCP-SL, ambos caracterizados por el uso de la violencia desmedida​.

En el caso del ámbito judicial, durante el proceso a Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, los términos 'guerra sucia' y 'guerra de baja intensidad' fueron utilizados para describir la estrategia contrasubversiva extraoficial aprobada por Alberto Fujimori durante sus primeros años de gobierno​.

Repercusiones

La excesos cometidos durante la 'guerra sucia' trajo consigo una serie de efectos y consecuencias en diversos aspectos de la sociedad, el gobierno y el erario nacional. Algunas de las más relevantes fueron las siguientes:

Periodo 1980 - 1990

Accionar y surgimiento de organizaciones defensoras de los derechos humanos

A partir de la violencia ejercida tanto por las fuerzas del orden como de la subversión, se crearon diversas organizaciones de derechos humanos que mantuvieron viva la capacidad de indignación ante lo que ocurría y crearon un eficaz movimiento a favor de los derechos humanos que, organizado alrededor de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se convirtió en un referente y un recurso para las victimas en su búsqueda de alcanzar la verdad y exigir justicia​.

Frente a posibles críticas y cuestionamientos, a mediados de la década de 1980, los organismos que conformaban el CNDDHH establecieron las diferencias con las organizaciones de fachada de los grupos subversivos, como la Asociación de Abogados Democráticos (AAD). Del mismo modo, se negó a defender legalmente a militantes o lideres subversivos e influyeron activa y exitosamente en el movimiento internacional de derechos humanos para que sus organismos incluyan dentro de sus críticas y monitoreo a los grupos subversivos​.

Accionar de la iglesias católicas y evangélicas

Durante el periodo del terrorismo, las iglesias católicas y evangélicas desempeñaron un papel importante de acompañamiento y protección de los peruanos afectados por la violencia. Según el Informe Final de la CVR, ambas instituciones contribuyeron a proteger a la población de crímenes y violaciones de derechos humanos. La iglesia Católica se opuso desde el principio a la violencia de los grupos terroristas y de las fuerzas del orden, lo cual se materializó en actividades en defensa de los derechos humanos y denuncias de estos casos de violaciones. A esto se le suma, la labor de los sacerdotes, laicos y catequistas, quienes contribuyeron a fortalecer el tejido social y construir una barrera que debilitó el avance del PCP-SL y el desborde de la 'guerra sucia'​. Caso similar sucedió con las iglesias evangélicas, la CVR resalta el papel de protección de los derechos humanos a través de la labor de sus pastores y sucursales a nivel nacional en las zonas periféricas de las grandes ciudades y zonas rurales muy apartadas. Como también el de campesinos evangélicos que participaron en varios comités de defensa que enfrentaron a la subversión​.

Periodo 1990- 2000

La 'guerra sucia' en el Perú trajo consigo diferentes reacciones por parte de diferentes actores sociales para hacer frente a los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas en la década de los 80. En el caso del ámbito militar, fue con la masacre de La Cantuta que un sector de las Fuerzas Armadas mostró su desacuerdo con los operativos clandestinos y el manejo de la institución militar por parte del Gobierno.

Divisionismo al interior de las Fuerzas Armadas

Hubo algunos sectores de las Fuerzas Armadas que manifestaron su desacuerdo con los operativos realizados por el Grupo Colina y se atrevieron a denunciar estos hechos. Uno de ellos fue el grupo anónimo autodenominado León Dormido, el cual envió  al congresista de oposición Henry Pease un documento en el que se informaba que las diez personas habían sido secuestradas, asesinadas y enterradas en forma secreta por un escuadrón de la muerte militar que operaba con la aprobación y el apoyo de los más altos niveles del ejército y el SIN​. El congresista, en un tono moderado, declaró el 2 de abril de 1992 ante el Pleno del Congreso lo siguiente:

“Este es un documento sobre el que no tengo los elementos de juicio para juzgar la fuente o para juzgar la verdad de lo que dice; y voy a tener tal cuidado, señor presidente, que ni siquiera voy a leer los nombres, porque aquí hay más de quince oficiales implicados con nombres y apellidos y lo que se afirma en este documento, señor, es que los universitarios de La Cantuta han sido ejecutados. Se señala el lugar donde han sido enterrados, como han sido desenterrados y llevados a otro lugar. No voy a mencionar ni la institución, dentro de las fuerzas del orden, a la que se refiere”​

Un segundo caso fue el del general del ejército, Rodolfo Robles Espinoza, quien redactó un manuscrito de ocho páginas donde denunciaba que desde el SIN se estaba ejecutando una política de contrasubversión al margen de la legalidad. Según el documento, el SIN estaba utilizando personal militar e impartiéndole órdenes al margen de la cadena del mando oficial, de forma que esas operaciones ya no respondían a los fines de la contrasubversión sino a los de la camarilla presidencial-militar​. Se ratificaba la existencia del destacamento de operaciones especiales, Grupo Colina y los nombres y grados de sus jefes operativos: Martin Rivas y Carlos Pichilingue. Asimismo, a la cadena de mando a la que respondían: Vladimiro Montesinos y el comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos​. Todo esto fue revelado por la esposa del general en una conferencia de prensa realizada en el Grand Hotel Miraflores, a las 2:30 de la tarde del jueves 6 de mayo de 1993.

Periodo 2000 - actualidad

Formación de la Comisión de la Verdad

En el año 2001, el gobierno transicional de Agustín Paniagua se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de investigar y esclarecer las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante el periodo del Conflicto Armado Interno. Asimismo, la CVR debía analizar las condiciones y el contexto político, social y cultural que contribuyo al surgimiento y exasperación de la violencia, desarrollar propuestas para reparar a las victimas, y proponer medidas y reformas a futuro para evitar que los hechos no vuelvan a repetirse​.

El 28 de agosto de 2003, la CVR entregó su Informe Final al presidente Alejandro Toledo. Fueron en total nueve tomos donde se presentó el resultado final de un análisis profundo sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las dos décadas de violencia al interior del país. El Informe Final calculó un saldo de 69 280 muertos y desaparecidos, proporcionó información valiosa sobre las causas, los hechos, las responsabilidad y las secuelas del conflicto, y dejó un conjunto de recomendaciones a seguir para el logro de la paz y la reconciliación​.

No obstante, la publicación del Informe Final fue objeto de críticas desde diferentes sectores sociales, muchos de ellos ligados a los círculos militares y al fujimorismo. Una de las principales criticas fue el uso del término "violación sistemática de derechos humanos" en el Informe. En una carta a Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, el Teniente General Luis Arias Graziani, comisionado de la CVR, señaló que se debía distinguir la responsabilidad individual de la institucional, que solamente hubo el exceso de algunos individuos y que el número de victimas no era una verdad comprobada​.

Ante estos cuestionamientos, la Comisión Permanente de Historia del Ejercito del Perú (CPHEP) publicó en el 2012 «En honor a la verdad», un informe final propio acerca de los hechos ocurridos durante la época del terrorismo. Del mismo modo, otras organizaciones también redactaron sus respectivos textos para criticar la versión de los hechos de la CVR. Por ejemplo, se tiene los textos de la Asociación Defensores de la Democracia contra el Terrorismo (ADDCOT): «Omisión a la verdad: ¿Y la reconciliación? Perú 1980-2000»​ y «El terrorismo en el Perú. 1980- 2000. Versión de los militares que lo combatieron»​. Y el texto del general Cesar Astudillo Salcedo, integrante del Comando Chavín de Huántar: «Reflexiones sobre el Terrorismo y el Conflicto Armado No Internacional»​ .