Quienes hemos migrado a otro país, o quienes han soñado en hacerlo, tenemos como una gran prioridad contar con “los papeles al día” lo que incluye, entre otros, portar un pasaporte y visado vigente, y obtener el documento de identidad o permiso temporal de estadía en nuestro lugar de destino.

No tener los papeles al día tiene consecuencias relevantes. Sin ellos es casi imposible matricularse en una universidad o colegio, reduce los chances de conseguir empleo formal, puede alejarnos del acceso a servicios de salud y ni hablar de abrir una cuenta bancaria para emprender o recibir un sueldo, o de la posibilidad de enviar o recibir mesadas. Todo esto sumado al miedo continuo de ser deportados o devueltos a nuestro lugar de origen por las autoridades migratorias.

La situación de migrantes indocumentados ha motivado al Relator Especial de los Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones Unidas a publicar un informe dedicado a llamar la atención de los Estados para que su situación se regularice. El informe, quizá por primera vez, advierte algunos aspectos sobre el rol que las tecnologías digitales juegan en ese tipo de políticas y que vale la pena explorar de cerca.

¿Qué es eso de la regularización?

Según el Relator Especial, la regularización es el proceso que emprenden los Estados para poner fin al limbo en que viven los migrantes indocumentados, a través de políticas diversas que buscan dotarlas de los permisos necesarios para normalizar su estadía o residencia en el país.

Estas políticas casi siempre tienen un período de duración limitado y operan bajo restricciones o requisitos exigentes, por lo que beneficiarse de estas no es fácil. El informe del Relator Especial menciona el caso de las políticas de regularización de migrantes indocumentados en Ginebra durante 2017 y 2018. Dicha política regularizó a indocumentados siempre que llevasen residiendo allí más de 10 años — 5 para personas con hijos—, tuviesen un empleo formal e independencia económica, un certificado A2 de francés y ningún antecedente penal.

Las políticas de regularización pueden llegar a ser tan exigentes, poco transparentes y discrecionales, que terminan excluyendo a los migrantes más vulnerables.

Regularización: entre la digitalización y la biometría

El informe menciona cómo, fruto de los procesos de transformación digital que están experimentando las políticas y proceso migratorios en distintos países, el trámite de las solicitudes de regularización depende cada vez más de los canales digitales. Para los migrantes sin papeles que no tienen acceso estable a internet o dispositivos para navegar en línea, o que no cuentan con las habilidades necesarias para navegar los sitios web o aplicaciones móviles a través de las cuales enviar y consultar el estado de su solicitud, la digitalización puede suponer un reto adicional. La brecha digital, recordemos, puede agravar desigualdades de base y el informe enfatiza que no tener papeles al día es un factor de vulnerabilidad muy serio.

Pero otro asunto que menciona el informe tiene que ver con la captura de datos biométricos de migrantes indocumentados como un obstáculo adicional en la postulación a los procesos de regularización. No obstante, no explora cuál es el impacto que podría tener la recogida de ese tipo de información en esos contextos. Una oportunidad perdida de cara a la progresiva masificación de ese tipo de prácticas en países como Colombia y, más recientemente, en Chile.

En ese contexto, distintas preocupaciones e intereses opuestos convergen. Por un lado, los migrantes indocumentados son titulares del derecho a la privacidad y protección de datos con la autonomía para decidir a quién entregan o no su información personal sensible. No obstante, el ejercicio del consentimiento en los contextos de regularización se ve en entredicho cuando la entrega de los datos biométricos supone una condición para acceder a los procesos de regularización migratoria. Ahora ¿qué finalidades cumple esta captura de datos?

En el caso de Chile, el más reciente caso en nuestra región, la toma de datos biométricos no tiene un fin del todo claro, pero abstenerse a su entrega puede influenciar negativamente la decisión de regularización migratoria que depende de si la persona solicitante tiene o no un empleo formal, vínculos familiares, ausencia de antecedentes penales, entre otros. Sin embargo, la política omite que las oportunidades de formalización de empleo para los migrantes sin papeles son escasas, si es que existen.

La creciente tendencia de recopilación de datos biométricos dice justificarse en la necesidad de identificar a las personas migrantes sin papeles, pero ¿qué otras alternativas menos invasivas de su privacidad podemos imaginar en aras de normalizar su situación migratoria? Urge fortalecer la rendición de cuentas de los Estados que despliegan políticas de regularización, al tiempo que aumenta su apetito por datos cuyo abuso puede ser instrumentalizado en contra de personas en condición vulnerable. Las políticas migratorias suelen tener reglas esquivas sobre privacidad y protección de datos, incluso cuando estas puedan estar vigentes.

En el caso chileno hay un proyecto de ley de protección de datos que lleva más de dos décadas en trámite. ¿Qué tema no ha sido discutido en la futura ley? La protección de los datos biométricos de personas migrantes en situación irregular, incapaces de negarse a entregar sus datos sensibles. ¿No valdría la pena corregir el rumbo ahora, que todavía estamos a tiempo? Ojalá en futuros informes el Relator Especial pueda profundizar en este tipo de prácticas.

Hasta entonces, les sugiero estar pendientes de nuestra próxima publicación sobre programas de identidad digital en la región. En ella hay hallazgos relevantes para avivar la discusión también en esta materia.