Hace pocos días se hizo público el análisis de la Cámara de Comptos sobre la Renta Garantizada (RG) en Navarra. El documento, sin tacha alguna, ha puesto de manifiesto varias ineficiencias en el modelo actual de gestión de esta ayuda que se define como una prestación básica, económica y periódica destinada a las personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Estas ineficiencias han quedado ahora al descubierto de manera formal. Digo formal porque informalmente se conocían muchos casos sangrantes. Lejos de ser meros detalles técnicos, estas carencias representan problemas estructurales que afectan tanto a los beneficiarios como al objetivo último de esta ayuda: ser un verdadero escudo social que fomente la inserción laboral y reduzca la pobreza.

Los últimos datos publicados por el INE, referentes al 2023, reflejan que el porcentaje de población en riesgo de pobreza en España es del 26,5%. Navarra es la segunda región con menor tasa de pobreza (con un 17%), tras el País Vasco. Una buena posición que, sin embargo, se ve empañada al conocer que de 2019 a 2023 en nuestra tierra es donde más ha aumentado la pobreza. Como en muchos otros indicadores, estamos bien o medio bien, pero en clara tendencia negativa.

Volviendo al informe de Comptos, éste revela incumplimientos significativos en cinco de las ocho obligaciones de los perceptores y destaca la ineficacia en el control de requisitos como la disponibilidad para el empleo o la comunicación de cambios en las circunstancias personales. El tema del empleo es crucial: si la ayuda, lleve el nombre que sea, no logra que buena parte de sus perceptores logren no depender de ella porque tienen ingresos vía empleo, resulta un fracaso absoluto. Seguro que han oído las denuncias de varias asociaciones sobre la dificultad de contratar determinados perfiles profesionales por lo desincentivadoras que eran para el empleo determinadas ayudas sociales. En 2023 solo el 26% de los beneficiarios disponibles para el empleo se incorporó al mercado laboral, y solo el 13% abandonó definitivamente la ayuda social. Este porcentaje, que ha disminuido en los últimos años, es una clara señal de que las políticas de inserción laboral vinculadas a esta renta no están funcionando.

No recuerdo qué mandatario español se congratulaba de que las cifras de este tipo de ayudas sociales aumentaran año tras año. Muy al contrario, el objetivo debiera ser que quien las necesite las tenga, pero que no se cronifique la pobreza. ¿Pero de qué cifras estamos hablando en Navarra? En 2023, más de 35.000 personas recibieron la RG, con un gasto de 103 millones de euros (al que hay que sumar los casi 50 millones de euros de gasto del Ingreso Mínimo Vital). En 2012, el número de perceptores era la mitad y el gasto público apenas alcanzaba los 37 millones de euros. Y si nos vamos al 2008, eran 7.000 personas con un gasto de 8 millones de euros. La Renta Garantizada es un pilar fundamental del estado del bienestar en Navarra pero gastar más, como siempre defendemos en Institución Futuro y ahora refrenda Comptos, no siempre garantiza un mejor servicio.

Además, la coexistencia de la RG con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha generado solapamientos que complican la gestión y aumentan el riesgo de pagos indebidos. Solo en 2023 se detectaron abonos incorrectos por valor de dos millones de euros y de 2019 a 2023, 14,79 millones, de los que sólo se ha recuperado el 67%, una pérdida que afecta en primer lugar a las arcas públicas, pero también a la confianza en el sistema.

Entre las recomendaciones de Comptos destacaría la de intensificar las acciones para que las personas perceptoras de la renta garantizada accedan al mercado laboral; reflexionar sobre la idoneidad del catálogo de prestaciones, considerando la compatibilidad de muchas de ellas, sus fines y gestión; la necesidad de implantar sistemas de control automatizados para verificar requisitos como la residencia continuada en Navarra; y que el programa informático que se desarrolle e implante sea más eficaz. ¿Cómo es posible que desde que se pusiera en marcha esta ayuda –ojo, que en 1990 se estableció por primera vez en la comunidad foral la prestación de Renta Básica–, no se haya logrado controlar mejor este gasto?

Ante este panorama, el Gobierno ha anunciado una adecuación y modificación de la Ley Foral de Renta Garantizada. Si bien esta iniciativa es un paso en la dirección correcta, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para superar las resistencias políticas y construir consensos amplios. Y tener claro que en ningún caso se pretende debilitar la capacidad protectora de la ayuda, sino mejorar su eficiencia.

Comptos ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda, pero también una oportunidad para construir un modelo más justo, eficiente y sostenible. Ahora, el desafío recae en los responsables políticos y en su capacidad para transformar un sistema con fallos en una herramienta de verdadero progreso social que cumpla su función puente hacia la autonomía y la inclusión. No hacerlo sería una traición al espíritu solidario que fundamenta la sociedad de Navarra.

*El autor es presidente del think tank Institución Futuro