Detenciones en frontera sur de EU disminuyen 76% en noviembre tras restricciones al asilo impuestas por Biden
En noviembre de este año, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró alrededor de 46 mil 610 detenciones de migrantes, un 76 % menos que en el mismo mes del año pasado, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El despacho atribuye la baja a las restricciones al asilo impuestas por la administración de Joe Biden el pasado 4 de junio y reforzadas a finales de septiembre.
Hace cinco meses el gobierno demócrata autorizó cerrar la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2 mil 500 cruces irregulares en el promedio de siete días. Podía reabrirse cuando la cifra bajara de mil 500 en ese mismo lapso.
Sin embargo, a finales de septiembre el promedio para abrir la frontera aumentó a 28 días naturales consecutivos, incluyendo los fines de semana y festivos. Además se contabilizan los cruces de niños no acompañados procedentes de países no contiguos, lo que incrementa la probabilidad de que las cifras superen el tope.
Estas medidas han llevado a una disminución continua de las detenciones de la frontera de hasta el 60 % de mayo a noviembre de este año. Mientras que en este último mes los encuentros en los puertos de entrada han alcanzado su nivel más bajo desde julio de 2020, señaló la oficina.
El total de detenciones en la frontera suroeste en noviembre, incluidas las de extranjeros sin una cita por la aplicación CBP One, fue de 51 mil 190, un 18 % menos que las 61 mil 420 registradas en octubre, según indicó la CBP en su último informe.
Esto incluyó disminuciones del 19 % en las detenciones de familias, del 18 % en adultos solteros y del 2 % en niños no acompañados.
Las medidas impuestas por Biden también han reducido el tiempo que lleva expulsar a las personas que no cuentan con una base legal para permanecer en Estados Unidos a más de la mitad de su promedio histórico, y ha duplicado el porcentaje de no ciudadanos procesados para deportación expedita.
En tanto que el número de personas liberadas por la Patrulla Fronteriza para que esperen los procedimientos judiciales de inmigración ha disminuido un 70%.
El comisionado de la CBP, Troy A. Miller, destacó en un comunicado que los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza, combinados con acciones ejecutivas y la coordinación con México y los países centroamericanos en los últimos meses, “están teniendo un impacto sostenido y significativo”, lo que ha llevado a que las detenciones disminuyan nuevamente.
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Ceden detenciones, pero crecen deportaciones
En lo que respecta a las deportaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) efectuó más de 700 mil en el año fiscal 2024 que va del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre pasado. Esta es la cifra más alta registrada desde 2010.
En tanto que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) registró 271 mil 484 migrantes deportados en el mismo periodo, la cifra más alta de la última década. En su informe anual, destacó que la mayoría de estos migrantes llegaron al país de forma ilegal cruzando por tierra la frontera sur provenientes de casi 200 países.
“Todos los años, nuestros oficiales se enfrentan a enormes retos, pero todos los años les hacen frente”, declaró Patrick Lechleitner, Director Adjunto del ICE.
El reporte llega a un mes de la toma de posesión de Donald Trump, quien hizo de su retórica antiinmigración el centro de su campaña, y atacó incesantemente a la administración del demócrata Joe Biden a quien calificó de laxo en temas fronterizos.
Los números oficiales muestran, sin embargo, que en el año fiscal 2024 el número de deportaciones fue mayor que en cualquiera de los años de la primera administración de Trump.
El republicano ha prometido iniciar masivas acciones de deportación desde el 20 de enero, cuando asumirá las riendas de la Casa Blanca, y ha designado personalidades conocidas por sus firmes posiciones antiinmigración para ejecutar la tarea.
Entre 11 y 15 millones de inmigrantes se encuentran en Estados Unidos sin la documentación necesaria, de acuerdo con estimaciones.
Muchos de ellos son cruciales en la industria de la agricultura, la construcción, los restaurantes y los hoteles, donde componen el grueso de la mano de obra.
Trump y su equipo tachan, sin argumentos, de criminales a los inmigrantes, muchos de los cuales llegan a Estados Unidos provenientes de países en crisis como Venezuela, Haití, Nicaragua o Cuba, y los acusan de robar los empleos de los estadounidenses.
Sin embargo, voces de sectores como la agricultura o la construcción refutan esta narrativa y defienden que la mano de obra migrante es crucial para estos nichos.
Deportaciones masivas, agregan, podrían impactar el suministro de alimentos por ejemplo elevando los precios o limitando la producción.
La venidera administración no ha detallado como llevaría a cabo estas masivas operaciones de deportación, y especialistas afirman que retirar a millones de personas del país demandaría un gigantesco esfuerzo económico y logístico, que además podría venir a contramano con otras promesas de Trump como reducir la inflación.
Con información de AFP.
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La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el expresidente y dos personas más son acusadas de “trata de personas”, por lo que se ha requerido su detención.
Una fiscal departamental de Bolivia informó este lunes que el expresidente Evo Morales y otras dos personas fueron imputados por el delito de “trata de personas agravado” y confirmó que existe una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, señaló que Morales fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
Según la agencia AFP, el caso habría ocurrido en 2015, cuando Morales cumplía su tercer mandato como presidente. La fiscal dijo que el exmandatario presuntamente tuvo una hija con una menor de edad.
“Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo la fiscal Gutiérrez en conferencia de prensa.
“Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva”, señaló Gutiérrez en referencia a Emeterio Vargas Mamani, quien está detenido.
La decisión de la fiscalía se debe a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo Gutiérrez.
El expresidente Morales no ofreció declaraciones de forma inmediata. Desde hace meses ha denunciado que es víctima de persecución política por parte del presidente Luis Arce y sus colaboradores en el partido Movimiento Al Socialismo para evitar que se presente a las próximas elecciones presidenciales.
El caso contra Morales
Las autoridades de Bolivia informaron en octubre pasado del caso que se sigue en contra del expresidente Morales por la presunta trata de una menor de edad.
Gutiérrez explicó que la investigación se inició a finales de septiembre pasado, cuando recibió una denuncia.
Los padres de la menor tenían “el único propósito de escalar políticamente y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad”, dijo Gutiérrez.
Según AFP, Morales había desestimado previamente estas acusaciones, ya que la investigación se había centrado en cargos de estupro, pero desde entonces los fiscales han ajustado su enfoque hacia la presunta trata de personas.
En octubre pasado, Morales fue citado a declarar, pero no compareció ni ofreció un justificante, expuso la fiscal. Al no hacerlo, la orden de detención contra Morales e Idelsa Pozo fue emitida el 16 de ese mes.
“Es un caso bastante complejo. Por eso es que nosotros hemos manejado esta investigación con mucha cautela, porque acá no solo estaban de por medio una menor, que al momento que empezó esta investigación el 2 de octubre… en esa fecha desaparece la víctima, conjuntamente (con) su pequeña hija menor”, dijo la fiscal.
Según la funcionaria, hasta ahora el expresidente no ha podido ser detenido por diversas causas, como que nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba.
También dijo que policías fueron agredidos por manifestantes “afines a Evo Morales”. Además, la fiscal aseguró que el expresidente ha sido visto portando un arma.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales y Pozo.
Rivalidad con Arce
El caso contra Morales llega en medio de las crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019. En 2020, Arce llegó a la presidencia con apoyo de Morales. Sin embargo, la alianza terminó en 2021. El motivo del quiebre fue el nuevo intento de Morales de aspirar a la presidencia en los comicios de 2025.
En junio, un intento de golpe de Estado de una parte de miembros del ejército, en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más el enfrentamiento entre Arce y Morales.
Arce ha acusado a Morales de planear un “golpe de Estado” al convocar manifestaciones en su contra. Los que se manifiestan a favor de Evo culpan a Arce de los problemas económicos del país y de la escasez de dólares y combustible.
Morales quiere volver a la presidencia por cuarta vez, a pesar de que la Constitución del país habilita solo dos mandatos. Arce, por su parte, intentará pelear por su segundo mandato.
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