Tras más de 10 años de mandato del presidente Xi Jinping, el gobierno chino ha intensificado la represión en todo el país. Las autoridades han detenido arbitrariamente a defensores de los derechos humanos, han reforzado el control sobre la sociedad civil, los medios de comunicación e Internet, y han desplegado tecnología invasiva de vigilancia masiva. El gobierno impone un control especialmente férreo en Xinjiang y Tíbet. La persecución cultural y la detención arbitraria de un millón de uigures y otros musulmanes túrquicos en Xinjiang desde 2017 constituyen crímenes de lesa humanidad. En Hong Kong, el gobierno impuso en 2020 una legislación draconiana de seguridad nacional y desmanteló sistemáticamente las libertades de expresión, asociación y reunión.

El gobierno chino sigue esforzándose por silenciar a los críticos en otros países. Los diplomáticos chinos actúan para silenciar las críticas al historial del gobierno en materia de derechos humanos y para debilitar los órganos de derechos humanos de la ONU.

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