La economía española enfrenta un reto fundamental que amenaza con perpetuar la desigualdad y limitar el bienestar de la mayoría de los trabajadores: la insostenibilidad del sistema de pensiones.
En este sentido, el retraso en las edades de jubilación, el aumento de las cotizaciones sociales, la baja natalidad e incluso las dificultades para poder generar salarios competitivos por parte de las pymes son algunos puntos clave. La panorámica general, en cambio, muestra un sistema sin soluciones realistas en el ámbito laborar ni en los costes para cubrir pensiones.
Un sistema insostenible
El problema de las pensiones tiene raíces profundas en nuestra sociedad. Una serie de decisiones políticas que se remontan a principios del siglo XX. Una serie de mecanismos de protección que se han ido ampliando y adaptando a los tiempos, pero que hoy muestran serios signos de ineficiencia y fallo.
A grandes rasgos, el sistema de pensiones ha funcionado gracias a una amplia base de trabajadores cotizando para una población menor de jubilados que, a su vez, debía sostener a una tecera edad cuya esperanza de vida era notablemente menor. Hoy, España tiene una de las tasas de envejecimiento más alta del mundo y una tasa de natalidad de 1,16.
De este modo, nos acercamos, progresivamente, a un escenario de pirámide invertida (más gente jubilada que trabajando). Según las últimas estimaciones, hacia 2050, España pasará de 3,3 trabajadores por pensionista a 1,7.
Una tendencia que se disparará a partir del año que viene, a medida que los boomers se jubilen y que puede alcanzar una dependencia que casi se duplicará (30,5 al 59 %), unas estimaciones que se asemejan al resto de países occidentales. Y una realidad que no va a poder mitigarse, por mucho tiempo, gracias a la inmigración, como ha ido ocurriendo, tanto por la necesidad de especialización laboral como por la baja tasa de natalidad global.
Pensiones, lejos de cotizaciones
La situación actual supone, según las estimaciones, que uno de cada cuatro euros se paga con impuestos y deuda pública. Para algunos expertos, esta dependencia es todavía mayor (según los presupuestos del estado, la cifra puede estar alcanzando el 50 % de lo recaudado para pensiones).
Lo cierto es que, desde 2014, el sistema de pensiones ha acumulado una deuda equivalente al 23 % del PIB nacional. Con todos estos datos, la precariedad laboral (menos cotizaciones), las dificultades para frenar la inflación y el gasto y el aumento de los pensionistas, los cuales también tendrán pensiones muy superiores: es más, pese a las cotninuas revaloraciones, en 2023 las pensiones de jubilación ya eran un 19 % más elevadas al sueldo habitual (principalmente, debido al retiro de los baby boomers y las nuevas medidas que planteó Escrivá).
Desde el Gobierno, los paneles de expertos y los agentes sociales se han planteado soluciones muy distintas entre sí: por un lado, el aumento de la edad de jubilación, así como la transición hacia un sistema mixto público-privado o el fomento de la natalidad.
El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) evaluó la posibilidad de financiar parte de las pensiones con impuestos directos como el IVA o subir las contribuciones (por ejemplo, las cotizaciones sociales). En última instancia, se puede plantear también dirigirse hacia un sistema asistencial, que implicaría desbaratar el actual sistema de pensiones.
En cualquier caso, hay que asumir que todo ello son parches, y que se requieren medidas valientes y realistas para actualizar o modificar el sistema de cotización y pensiones. En España, las cotizaciones caerán sí o sí, debido a la baja tasa de natalidad, la imposibilidad de establecer una presión mucho más elevada a la población activa y el aumento del porcentaje de jubilados frente a trabajadores.
Impacto en pymes y autónomos
Todo ello, supone una importante carga para pymes y autónomos, que ha quedado relegado a un segundo plano frente, por ejemplo, a las mayores cotizaciones asociadas a los aumentos del SMI (un 18 % más de costes laborales) o la reducción parcial de la jornada laboral hasta las 37,5 horas.
Entre los problemas más acuciantes en el sector, se señalan las altas cuotas de cotización para autónomos, las cuales han adoptado un sistema de cotización por ingresos reales, pero que suponen cambios constantes en las notificaciones con la AEAT, actualizaciones y, para muchos, cuotas que siguen siendo desproporcionadas en comparación con los beneficios percibidos.
En paralelo, la dificultad de acceso a carreras laborales estables, ha generado dinámicas de trabajo discontinuas y de bajos ingresos recurrentes, tanto para autónomos como para trabajadores con una alta rotación laboral. No es casual que, hoy, grandes segmentos de población busquen un puesto público.
Además, en esta tesitura, encontramos un salario medio inferior a la pensión media en muchas comunidades autónomas, lo que supone graves problemas que, de forma indirecta, continúan afectando a muchos trabajadores menores de 40 años en España, como el acceso a la vivienda, el las carencias de trabajo especializado para perfiles con estudios superiores, la precariedad laboral y la dificultad para cotizar.
Objetivo: trabajar, cotizar, salvar pensiones
Hoy por hoy, el foco está puesto en un aumento progresivo de las bases máximas de cotización, que permitiría una mayor contribución por parte de las rentas más altas, así como el retraso en la edad de jubilación o el cobro de parte de la pensión mientras se mantiene el puesto de trabajo.
Con una enorme variedad de propuestas (como las que proponía el IEB o el IESE, que plantea una reforma más radical: como aumentar impuestos, modificar edad y, sobre todo, recortar servicios sociales, o bien establecer una universalidad en el sistema), se hace necesario estimar la caída de la fuerza laboral en España y en el mundo entero, en general.
En muchos casos, las medidas tradicionales, como reducir la carga fiscal, incentivar planes de pensiones o flexibilizar las cotizaciones (por ejemplo, las cotizaciones por tramos con los que cuentan, hoy día, los autónomos) resultan poco viables debido a las exigencias, cada vez mayores, del propio sistema de pensiones.
En este sentido, la necesidad de una acción efectiva y sostenible en el largo plazo cada vez parece más urgente. Hablando en plata, nadie sabe cómo sostener una carga mayor con menos y menos recursos, requiriendo cada vez más de la población activa y otros agentes económicos, como los bancos o las empresas energéticas, que han dado mucho de lo que hablar estos meses.
Las cotizaciones y, por extensión, las pensiones terminan en primera plana de este 2024 por tratarse de un problema económico que arrastra demasiados réditos políticos. La pregunta incómoda, más allá de boomers, zoomers, generación de cristal e impuestos, es ¿estamos dispuestos a priorizar lo urgente sobre lo cómodo? ¿Y si... al sistema de pensiones, propio del estado del bienestar, le ha llegado la hora de jubilarse? ¿Qué hacemos, entonces?